Albert Branchadell y Joan Moles

En su conocida obra Las democracias contemporáneas, el politólogo Arend Lijphart clasificó como "homogéneos" a los estados en que el 80 por ciento o más de su población pertenece a la misma religión o habla una misma lengua. Atendiendo al criterio lingüístico Lijphart señaló que solo cuatro de sus democracias contemporáneas son lingüísticamente heterogéneas: Bélgica, Canadá, España y Suiza.

Como ha puesto de relieve Miquel Siguan en sus obras, el 40 por ciento de los ciudadanos españoles residen en comunidades autónomas donde existe otra lengua oficial además del castellano (el catalán en Cataluña, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, donde recibe el nombre de "valenciano"; el gallego en Galicia, y el euskera en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, además del aranés, una variante del occitano, en el Valle de Arán). Los censos lingüísticos que se realizan actualmente no permiten establecer cuántos de esos ciudadanos deben considerarse hablantes de catalán/valenciano, gallego y euskera: si el criterio fuese la lengua materna, es probable que el porcentaje sobre la población española no llegase al 20 por ciento; si el criterio fuese la capacidad de hablar esas lenguas, lo superaría ciertamente.

En cualquier caso, en el contexto de las democracias lingüísticamente heterogéneas, el Estado español se caracteriza por un escaso reconocimiento de su diversidad lingüística interna. Este escaso reconocimiento es consecuencia del régimen lingüístico que aplica el Estado español, que se desvía claramente del que impera en Bélgica, Canadá y Suiza. Adaptando la terminología de McRae, estos tres estados siguen la fórmula "centro mutilingüe, regiones monolingües", en el sentido de que en los tres casos las instituciones federales reconocen más de una lengua oficial, mientras que las regiones respectivas ("regiones" en Bélgica, "provincias" en Canadá y "cantones" en Suiza) reconocen normalmente una sola lengua oficial. (Las excepciones que confirman esta regla son la provincia canadiense de New Brunswick y los cantones suizos de Wallis-Valais, Freiburg-Fribourg, Bern-Berne, Graubünden-Grigioni-Grischun.) Así, las lenguas oficiales de Bélgica son el francés y el neerlandés, siendo el alemán objeto de especial reconocimiento por parte del Estado; las de Canadá, el francés y el inglés; y las de Suiza, el francés, el alemán y el italiano, con un reconocimiento menor para el romanche. En cambio, el Estado español sigue la fórmula "centro monolingüe, regiones bilingües"; basta con echar un vistazo al artículo 3 de la Constitución española para comprobar que el castellano es la única lengua oficial del Estado, mientras que las "demás" lenguas solo pueden ser oficiales en las comunidades autónomas junto al castellano.

La fórmula "centro multilingüe" se concreta en una serie de ámbitos, algunos de los cuales tienen alto valor simbólico. Para empezar, el multilingüismo se visualiza en el mismo nombre del Estado: así, el nombre oficial de Bélgica es "Belgique-België" (en francés y neerlandés), y el de Suiza es "Suisse-Schweiz-Svizzera-Svizra (en francés, alemán, italiano y romanche). En el caso español, en cambio, el único nombre del Estado es "Reino de España" o "España" (en castellano).

En segundo lugar, el multilingüismo se traslada a los símbolos del Estado, como la moneda o los sellos de correos. En Bélgica, todos los sellos de correos son bilingües en francés y neerlandés, y algunos incluso incorporan el alemán, hablado por un exiguo grupo de ciudadanos belgas; en Canadá, también son bilingües en francés e inglés, y en Suiza, a pesar de no emitirse sellos en las cuatro lenguas del país, todas ellas están presentes en los sellos. En el caso español, en cambio, el monolingüismo castellano es la regla; en 150 años de historia postal española, de 3.731 sellos emitidos solo 46 (el 1,2 por ciento) han llevado alguna palabra en catalán/valenciano, gallego o euskera. Con solo 4 sellos, el euskera es la lengua peor representada en los sellos españoles.

En tercer lugar, en los países de "centro multilingüe" las instituciones comunes del Estado también utilizan todas lenguas oficiales. Un ejemplo relevante son los parlamentos. En Bélgica, los miembros de las dos cámaras del Parlamento pueden utilizar el francés o el neerlandés, tanto en los plenos como en las comisiones parlamentarias, y toda la documentación parlamentaria se imprime en las dos lenguas. En Canadá, lo mismo sucede con el francés y el inglés. En Suiza, los miembros de las dos cámaras de la Asamblea Federal también pueden utilizar la lengua de su elección (el francés, el alemán o el italiano), y las leyes federales se publican en las tres lenguas, aunque el proceso legislativo suele desenvolverse solo en francés y alemán. En contraste con estas prácticas, el Estado español no permite el uso del catalán, el gallego o el euskera en la cámara baja del Parlameno (el Congreso de los Diputados), y desde 1994 lo tolera en muy contadas ocasiones en la cámara baja (el Senado), donde en cualquier caso todo el proceso parlamentario habitual de desenvuelve en castellano. La única novedad reciente en esta área es la traducción de una parte del Boletín Oficial del Estado al catalán (desde 1998), al gallego (desde 1999) y al "valenciano" (desde 2000).

¿Qué perspectivas hay de cambio en el régimen lingüístico del Estado español, hacia formas de reconocimiento de su diversidad lingüística interna más acordes con la práctica de las demás democracias lingüísticamente heterogéneas? Existen poderosos factores históricos y demográficos que hacen dudar de las posibilidades de cambio en esta área. Sin embargo, en los últimos años se han dado pequeños pasos que podrían ser el preludio de un mayor reconocimiento del carácter plurilingüe del Estado español por parte de las instituciones estatales. La hasta ahora tímida introducción del catalán/valenciano, el gallego y el euskera en el Senado podría abrir posibilidades más amplias de uso en el futuro, que tarde o temprano deberían trasladarse al Congreso de los Diputados. Del mismo modo, la traducción de una parte del Boletín Oficial del Estado a otras lenguas puede llevar a la traducción de todo su contenido, incluyendo, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Constitucional.

En el área de los símbolos, diferentes iniciativas parlamentarias han puesto el reconocimiento del plurilingüismo del Estado en la agenda política. Recientemente (12 de diciembre de 2000), el Congreso estudió la toma en consideración una proposición de ley del Parlamento de Cataluña para introducir las lenguas diferentes del castellano en las monedas españolas de euro; esta iniciativa, impulsada por Organització pel Multilingüisme, ya había sido tomada en consideración en la legislatura anterior, pero la disolución de las Cortes impidió que se completara su trámite parlamentario. Esta vez, el voto en contra del Partido Popular impidió que el Congreso volviera a tomar en consideración la propuesta. En el Congreso también están pendientes tres proposiciones de ley para introducir el plurilingüismo en los sellos aprobadas por los parlamentos de Cataluña, las Islas Baleares y Navarra a instancias de Organització pel Multilingüisme. El Parlamento de Cataluña tiene depositada en el Congreso una tercera iniciativa para introducir las lenguas diferentes del castellano en la documentación personal (DNI, pasaporte y permiso de conducir), que es precisamente el objeto de la campaña más reciente de Organització pel Multilingüisme. Que la idea de reconocer el plurilingüismo empieza a ser asumida incluso por quines no la habían profesado históricamente lo muestra el hecho de que el Partido Popular de Cataluña incluyera la demanda de sellos bilingües en su programa para las elecciones autonómicas de 1999, y que en fecha muy reciente (31 de enero de 2001) presentara una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a emitir en versión bilingüe el DNI en las comunidades autónomas que tienen dos lenguas oficiales. Habrá que ver hasta qué punto estas y otras iniciativas lograr poner al catalán, el gallego y el euskera en pie de igualdad con el castellano, y sitúan al Estado español a la misma altura moral que las demás democracias lingüísticamente heterogéneas del mundo.