La radio española en la transición democrática (1975-1982) (I/II)

Jon MURELAGA IBARRA, Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad el País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU)

INTRODUCCIÓN. DE LA DICTADURA A LA LIBERTAD CONTENIDA

La muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975 supuso el desenlace de la larga agonía física del caudillo y el final de cuatro décadas de dictadura en España. La propia estructura personalísima del régimen llenó de dudas la sucesión al frente de la jefatura del Estado por lo que una parte de la sociedad recibió con gran consternación la noticia mientras que los sectores más progresistas que habían luchado por un sistema democrático y de igualdades, por el contrario, celebraron el hecho con agrado y satisfacción.

De lo que no cabe la menor duda es de que el total de la sociedad civil se encontraba inmersa en una situación de incertidumbre, algunos por el temor a que los poderes fácticos (léase ejercito) provocaran un golpe de Estado para mantener el control de la nación, y, otros, por el temor a que aquellas conspiraciones judéo-masónico-comunistas y contubernios izquierdistas tantas veces mentadas por el caudillo se afianzaran en el control del país. Es por ello que los años de la Transición (1975-1982) son los de mayor vértigo político y social de la história contemporanea de España.

La radio de la Transición española se caracteriza por el vuelco argumentativo y expresivo que vive tras la muerte del caudillo ya que a la tradicional Radio-entretenimiento franquista le sucede una Radio-información producto de la progresiva apertura del sistema.

1. PANORAMA SOCIAL EN LA ESPAÑA DE 1975 A 1982

El análisis social de la Transición, que no es diferente a cualquier otra situación similar, se puede resumir como un entorno socio-político-económico convulso producto de décadas de autoritarismo en los que se había reprimido cualquier tipo de pensamiento o actitud heterogénea a la doctrina del régimen.

“Todo cambio social, especialmente cuando tiene una cierta profundidad y alcance, lleva consigo una transición que afecta a los diferentes medios y mecanismos que tiene la sociedad para poner en práctica sus políticas sociales y ciudadanas. La transición nace y progresa como consecuencia de unos cambios ideológicos y estratégicos intensos, capaces de generar nuevas expectativas y dinámicas sociales. En este contexto se puede afirmar que la transición de los años setenta, entre otros muchos efectos, introdujo en España la democracia y lo político en las decisiones sociales e impulsó de forma definitiva las estrategias industriales y económicas necesarias para alcanzar en nuestro país unas cotas de desarrollo económico y social en consonancia con los otros de nuestro entorno”. (Suárez Arroyo, 2005).

La citada convulsión social es producto de la interacción de cuatro grupos de presión: la oposición (política y sindical), los grupos armados izquierdistas (sobre todo ETA – Euskadi ta Askatasuna), la extrema derecha y el ejército.

Durante el mandato de Arias Navarro (noviembre de 1975 y julio de 1976), pero también durante todos los años de análisis, se suceden una serie de incidentes violentos producto de diversas huelgas que se intentan sofocar mediante actuaciones represivas policiales. Dos de los ejemplos más recordados son los de la serie de manifestaciones sindicales convocadas por Comisiones Obreras (CC.OO) que paralizan Madrid en 1976 y el del 3 de marzo del mismo año donde las fuerzas de seguridad abaten a cinco personas que participaban en una concentración en la Catedral Santa María de Vitoria-Gasteiz (País Vasco)1.

ETA, en menor medida el GRAPO (Grupo Revolucionar Armado Primero de Octubre) y otros grupos de izquierdas, por su parte, se convirtieron en los azotes armados y desestabilizadores más importantes a los que tuvieron que hacer frente los diferentes Gobiernos Suárez y en algunos de los peligros más graves en el camino de la reforma político-social.

En el contexto histórico de la muerte del caudillo ETA se separó en dos fracciones: ETA político-militar (poli-milis) y ETA militar. La segunda se erigió como la más virulenta ya que optó por las vías militares para la consecución de sus objetivos mientras que la primera articuló una estrategia de lucha armada (atentados selectivos) acompañada de acciones de política constructiva mediante el desarrollo del movimiento de masas2.

El 5 de abril de 1976 se produjo uno de los episodios más espectaculares de la historia de ETA ya que 24 poli-milis consiguieron huir de la cárcel de Segovia tras construir un túnel. Aunque casi la totalidad de activistas fueron apresados, cuatro de los fugados consiguieron llegar a suelo francés. La Fuga de Segovia, como han nombrado las crónicas históricas aquel acontecimiento, tuvo una gran repercusión social.

Las décadas de los setenta y de los ochenta se convirtieron en una guerra cruenta entre ETA y el Estado. El trienio 78-80 se convirtió en el de mayor actividad por parte de la organización armada con decenas de asesinatos. Sea como fuere, la crónica histórica atestigua la existencia de contactos entre los gobiernos de Suárez y Calvo Sotelo y la banda armada.

El 24 de enero de 1977 se produjo, por su parte, el episodio más violento perpetrado por la extrema-derecha en la época de la transición política en España: la Matanza de Atocha. Varios pistoleros entraron en un bufete de abogados situado en el número 55 de la madrileña Calle Atocha y abrieron fuego a discreción. Cinco letrados laboralistas del PCE y CCOO, Luis J. Benavides, Enrique Valdevira, Ángel Rodríguez, Francisco J. Sauquillo y Serafín Holgado fueron asesinados y María Dolores González, Luis Ramos, Alejandro Ruiz-Herrera y Miguel Sarabia resultaron heridos. La oposición convocó infinidad de manifestaciones en repulsa por el atentado que la sociedad secundó de manera serena pero enérgica lo que demostró que el PCE era capaz de controlar a sus seguidores.

La Matanza de Atocha fue una de las acciones más sonadas de la guerra sucia impulsada por grupos paramilitares de extrema derecha (Batallón Vasco Español –BVE-, Guerrilleros de Cristo Rey, Triple A -Alianza Apostólica Anticomunista-, Grupos Armados Españoles –GAE- o Anti Terrorismo ETA –ATE-) que intentaron paralizar a la oposición política mediante la intimidación, secuestros, complots o eliminación física3. Sus acciones son a día de hoy vinculables a infinidad de muertes, posibles suicidios y desapariciones de miembros y presuntos miembros de ETA tanto en España como en el país vasco-francés (Iparralde) durante toda la Transición política.

La creciente crispación entre el ejército y las políticas reformistas (sobre todo por la amnistía a presos de ETA) de Suárez crearon un caldo de cultivo en el seno de los sectores reaccionarios castrenses. La frágil y joven democracia española no podía asegurar la regeneración democrática del ejército que tenía entre sus mandos a acólitos del régimen anterior y al búnker.

En 1978 se produjo la denominada Operación galaxia, que se ha venido en asegurar como la antesala del golpe de estado de 1981. El Teniente Coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y el Capitán de la Policía Armada Sáenz de Ynestrillas, por lo menos, se reunieron en noviembre en la madrileña Cafetería Galaxia para urdir el secuestro del Consejo de Ministros y obligar al Rey a aceptar un Gabinete de Salvación nacional. Por medio de la contrainformación remitida por el Comandante Andrés Casinello se desbarató el plan y los dos imputados fueron recluidos hasta diciembre de 1979 en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid) acusados de rebelión.

2. PANORAMA ECONÓMICO EN ESPAÑA DE 1975 A 1982. LA CRISIS ECONÓMICA Y LOS PACTOS DE LA MONCLOA

La economía española postfranquista, al igual que el resto de la Europa del Bienestar, se vio amenazada por las crisis energéticas de 1973 y 1975 lo que obligó a los gobiernos a impulsar diversos ajustes políticos y económicos para frenar la recesión4. La poca previsión y alternativa del régimen a la crisis del petróleo cayó como una losa en una España que importaba casi el 70% de la energía que consumía.

El país carecía de recursos para mantener sus intercambios con el exterior, importaba más de lo que exportaba y perdía cerca de cien millones de dólares diarios de reservas exteriores5.

La tasa de inflación era altísima y en el bienio 76-77 se duplicó (del 20% al 44%) lo que colocó a España lejos de los parámetros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) situados en el 10%. Por otra parte, la moneda nacional (peseta) se devaluaba en un 20%. Las empresas lejos de ampliar fronteras acumulaban deudas de centenares de miles de millones de pesetas y se enfrentaban a la caída de la demanda, el encarecimiento de los créditos, el aumento de los salarios y la subida de los costes de producción como consecuencia de los precios de los combustibles y las materias primas. El paro comenzó a crecer y casi se situó en el millón de personas de las cuales tan solo tres de cada diez percibían algún tipo de subsidio de desempleo.

Ante esta insostenible situación económica todas las formaciones políticas con presencia en el Parlamento acordaron aunar esfuerzos. Enrique Fuentes Quintana fue el encargado de redactar un documento base para lograr la normalización de la económica. En agosto de 1977, el Gobierno se reunió con los sindicatos para convencerles de la necesidad de impulsar una moderación salarial para acabar con la inflación, en septiembre Fuentes Quintana discutió el documento con el resto del Gobierno y en octubre se redactó el texto final con los demás partidos políticos. Los denominados Pactos de la Moncloa se aprobaron en el Parlamento el 27 de octubre de 1977.

Su contenido se dividía en medidas urgentes, para frenar la subida de precios y el desequilibrio exterior, y, reformas a medio plazo. De entre las primeras destacaban los siguientes ejes de actuación: elaborar una política monetaria fuerte, reducir del déficit público por medio de una política presupuestaria adecuada a la situación económica nacional, fijar un cambio realista de la peseta que reduzca la deuda exterior, incrementar los salarios en función de la inflación prevista e impulsar medidas concretas contra el paro. Las segundas, por su parte, se desarrollaron de la siguiente manera: diseñar un sistema fiscal y tributario eficaz, aplicar un control real a la liquidez y solvencia de los bancos y cajas de ahorro y reformar el mercado laboral.

3. PANORAMA POLÍTICO EN LA ESPAÑA DE 1975 A 1982. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y LAS PRIMERAS ELECCIONES DEMOCRÁTICAS

El 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos I fue proclamado Rey de España. El presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, presentó su dimisión al nuevo monarca pero éste no la aceptó. El nuevo ejecutivo postfranquista supuso un medio camino entre el sistema anterior y las necesidades de apertura del país. Las tímidas reformas del gobierno no representaban garantía alguna para reaccionar contra el fortalecimiento de la izquierda opositora (PSOE y PCE) y el peso estratégico que mantenía el búnker, por lo que junto a la falta de sintonía personal y política entre el Rey y el presidente del gobierno, el estancamiento político del país y la conflictividad social, hicieron que el 1 de julio de 1976 el monarca solicitara la dimisión a Arias Navarro.

El Rey designó como nuevo Presidente a Adolfo Suárez. La apuesta personal del monarca no fue bien recibida por la oposición ya que Suárez había sido el antiguo Secretario general del Movimiento durante el último período del franquismo. Durante la segunda semana de julio (1976) la oposición convocó una serie de manifestaciones y concentraciones masivas en favor de las libertades políticas y la amnistía. La amplia respuesta a estos llamamientos no pasó inadvertida para el ejecutivo que confirmó la necesidad de una reforma rápida y completa del sistema para no dejar la crisis social en manos de la línea dura franquista (ejército, búnker, guardia civil, policía) lo que hubiera supuesto una involución histórica de argumento represivo.

Sea como fuere, y a diferencia del ejecutivo anterior, el nuevo gobierno, compuesto por un elenco de personalidades del capitalismo progresista, inició su mandato con una serie de planes para lograr una reforma y acondicionamiento democrático social, político y sindical. A la legalización de los derechos de reunión, manifestación, propaganda y asociación, se les unió la concesión de la amnistía para los condenados políticos sin delitos de sangre, el inicio del diálogo con la oposición y el ejército y el anuncio de la celebración de elecciones generales para mediados de 1977.

Suárez tenía entre manos los mismos problemas que el anterior ejecutivo: por un lado, el búnker y gran parte de la estructura militar franquista y, por otro lado, la oposición que pretendía una ruptura pactada con el Gobierno para negociar un proceso constituyente. Los dos extremos contaban con argumentos para forzar la situación a su favor. Por un lado, la progresiva desesperación de la derecha ante el proceso político abierto hacía temer un golpe de estado mientras que por otro lado, la oposición aunaba esfuerzos en aras de una concentración de fuerzas democráticas que mostraba día si y día también el apoyo social que respaldaba sus tesis.

Las Cortes Generales aprobaron el 18 de noviembre de 1976 la Ley para la Reforma Política que se aprobó en referendúm popular el 15 de diciembre (77,7% de participación y 94,1% de votos positivos)6.

Los partidos políticos más destacados que se presentaron a las primeras elecciones democráticas de la Transición abarcaron todo el arco político: izquierda (PSOE y PCE), derecha (AP) y centro (UCD).

La derecha estaba compuesta por un único partido constituido por una amalgama de convicciones políticas derechistas bajo las siglas AP (Alianza Popular)7. Manuel Fraga, referente político de AP y reputado ministro del régimen, encabezaba una lista repleta de nostálgicos jerifaltes (ministros y cargos públicos) del franquismo como Gonzalo Fernández de la Mora, Licinio de la Fuente, Enrique Tomás de Carranza o Cruz Martínez Esteruelas.

La UCD, por su parte, en un intento de agrupar dentro de unas siglas los propósitos del grupo Tácito, que nace durante los últimos coletazos del régimen, estaba formada por una quincena de agrupaciones políticas de orientación moderada encabezadas por el carismático Adolfo Suárez: Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialdemócrata, Unión Socialdemócrata, Partido Socialdemócrata Independiente, Federación Socialdemócrata, Partido Popular, Federación de Partidos Demócratas y Liberales, Partido Demócrata Popular, Partido Progresista Liberal, Partido Liberal, Partido Social Liberal Andaluz, Partido Gallego Independiente, Acción Regional Extremeña, Acción Canaria y Unión Demócrata de Murcia.

El Partido Comunista de España (PCE), identificado durante décadas como el mayor enemigo del franquismo tenía como referentes ideológicos y símbolos de la oposición clandestina en el exilio a Santiago Carrillo –Secretario General del partido- y Dolores Ibarruri (Pasionaria) –Presidenta del partido-. En febrero del 76 Carrillo aterrizó en España de manera clandestina. A pesar de su condición singular mantuvo contactos con miembros de la oposición y en una de sus apariciones públicas en Madrid fue detenido por la policía el 10 de diciembre de 1976 y recluido en prisión durante una semana.

En febrero de 1977 comenzó el proceso de legalización de todos los partidos políticos. El ejército y el búnker vieron amenazado su combate contra el comunismo ya que tomaron cuerpo los rumores de la posible legalización del PCE como agrupación democrática. El 27 del mismo mes, en un intento de llegar a un acuerdo, Suárez se reunió con Carrillo8. La Semana Santa del 9 de abril el presidente del gobierno enterró el Movimiento (partido único franquista) y legalizó el PCE lo que derivó en una crisis entre el Gobierno y el sector más reaccionario del ejército9.

La crispación en el seno del stablishment castrense aumentaba por momentos y la relación Suárez-Ejercito se deterioraba día a día a pesar de la actitud conciliadora y mediadora del Capitán General y Vicepresidente primero del Gobierno para Asuntos de Seguridad y la Defensa Nacional Manuel Gutiérrez Mellado10.

El 13 de mayo aterrizó en suelo español Pasionaria, tras 38 años de exilio. La mujer a la que cantaron y de la que escribieron algunas de las plumas más destacadas y rojas de España como la de Rafael Alberti, tenía 80 años.

El Partido Socialita Obrero Español (PSOE), por último, confió en la juventud de Felipe González, que en el XXVI Congreso Federal celebrado en 1974 en Suresnes (Francia) había sucedido al sector tradicionalista de Rodolfo Llopis tras la sugerencia del histórico militante vasco Nicolás Redondo que consiguió con este gesto integrar una candidatura única y renovada.

En los comicios generales del 15 de junio de 1977 la UCD se alzó con la victoria con un total del 34,52% de los votos frente al 24,44% del PSOE, el 8,05% de Alianza Popular (AP) y el 6,30% del PCE dando inicio al primer gobierno Suárez (1977-1979).

Estas eleciones formaron las nuevas Cortes Constituyentes, compuestas por dos Cámaras (Congreso y Senado), que eligieron la Comisión Constituyente del Congreso, que a su vez designó la Ponencia integrada por los Diputados Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñon y José Pedro Pérez Llorca (UCD), Manuel Fraga (AP), Gregorio Peces-Barba (Socialistas del Congreso), Miguel Roca Junyent (Minoría Catalana) y Jordi Solé Tura (Grupo Comunista)11.

De los dos proyectos que redactó la Ponencia las Cámaras aprobaron un texto definitivo que validaron los españoles en el referendúm del 6 de diciembre de 197812. La Constitución del 78 promulgaba una serie de derechos fundamentales, obligaciones y libertades públicas que no se habían reconocido durante los últimos cuarenta años. Uno de los avances más destacables de esta Constitución era el pleno reconocimiento de las Comunidades Autónomas (La Constitución reconoce la existencia de Nacionalidades y Regiones), en un afán de descentralizar política y administrativamente el gobierno central y la división de poderes legislativo (Cortes bicamerales –Congreso y Senado- elegidas por el pueblo y que tienen como función el control al gobierno), ejecutivo (un Presidente del Gobierno elegido por el Congreso de los Diputados en una sesión de investidura) y judicial (Tribunal Constitucional como máximo órgano jurisdiccional).

El 1 de marzo de 1979 se celebraron las segundas elecciones generales de la democracia en las que volvió a ganar la UCD con un 35,08% de los votos frente al 30,54% del PSOE, el 10,82% del PCE y el 5,97% de Coalición Democrática (CD), sucesora de AP. En las primeras elecciones municipales democráticas del 3 de abril del mismo año la UCD logró 29.614 concejales frente a los 12.200 del PSOE y 3.608 del PCE13.

Tanto los resultados generales como municipales otorgaron un enorme peso social al PSOE ya que se situaba como la segunda fuerza politica del país. Algunos factores de este éxito pueden radicar en su imagen de juventud y modernidad, dinamismo, capacidad de organización, apoyo internacional y el empeño por reunir a fuerzas afines progresistas dentro de sus filas. No es de extrañar, por tanto, que una gran parte de la sociedad civil española identificara al PSOE como la oposición real al gobierno.

Entre el 17 y 20 de mayo de 1979 los socialistas celebraron su XXVIII Congreso Federal que tendría su relevancia histórica por el tenso debate que se produjo sobre la estrategia y la orientación del partido, que llevaron a Felipe González a no presentar su candidatura como Secretario General, formándose una comisión gestora con el mandato de preparar un Congreso Extraordinario que se celebraría entre el 28 y 29 de septiembre bajo el lema “Forjando el socialismo” y en el que participaron 421 delegados representando a 67 delegaciones. En este Congreso, el partido reafirmó sus convicciones democráticas y federales, rechazó definirse como marxista, adoptó la forma de socialismo moderado y eligió una nueva Comisión Ejecutiva encabezada por Felipe González.

En 1980 las tensiones personales y políticas internas en la UCD, la galopante crisis económica y la virulencia de ETA contra los militares llevaron a Suárez a una situación límite. El hombre en el que había confiado el Rey para capitanear la Transición dimitió el 29 de enero de 1981 y renunció a la dirección del partido. A la jovencísima Transición y difícil situación socio-económico-política española, no obstante, le aguardaba una última prueba de madurez y fuego: el día de la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo (UCD) como nuevo presidente de España el 23 de febrero de 1981.

A pesar de que el Gobierno Calvo Sotelo fue un tanto efímero (febrero de 1981-octubre de 1982), la nueva ejecutiva tuvo tiempo para aprobar una serie de medidas tanto en el ámbito doméstico como en el plano internacional. De las primeras destacan los esfuerzos por mantener un diálogo y entendimiento con la oposición, el juicio contra los golpistas del 23-F o las aprobaciones de la Ley del Divorcio (22 de junio de 1981) y de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico –LOAPA- (30 de junio de 1982). En cuanto a política exterior se firmó la adhesión de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte –OTAN-.

1 A raíz de este acontecimiento la historia haría célebre la frase del entonces Vicepresidente para Asuntos de Interior y ministro de la Gobernación Manuel Fraga (un viejo conocido del régimen franquista): la calle es mía. La terrible situación social en el País Vasco y la imagen de represión policial fragista hacen temer una ruptura de la nueva situación postfranquista.

2 Los poli-milis abandonan la lucha armada ante los primeros comicios democráticos de 1977 y toma posiciones en Euskadiko Ezkerra (EE).

3 Otro de los episodios oscuros de los grupos extremistas se produce el 9 de mayo de 1976 en la ascensión del Partido Carlista a Montejurra (Navarra) que se saldo con el asesinato dos carlistas (Ricardo García Pellejero y Aniano Giménez Santos) y varios heridos.

4 Esta situación mundial dio origen a un estado denominado estagflación: alta inflación y paro creciente.

5 En cuatro años (1973-1977) España acumula catorce mil millones de dólares de deuda exterior (el triple de las reservas de oro y divisas del Banco de España).

6 Para aprobar la Ley de reforma Política en las Cortes era necesario el beneplácito de sus señorías. Los dos tercios de los votos, imposibles o muy difíciles de conseguir por la terrible situación social en aquellas Cortes todavía de estructura franquista, se lograron y la historia denomina a este episodio como el harakiri político de las Cortes.

7 La extrema derecha cuenta con los referentes de Fuerza Nueva (FN) de Blas Piñar y la Falange Española de las JONS.

8 En un intento para lograr y mantener una cierta estabilidad social y política, Carrillo aceptó la bandera Rojigualda y la corona como símbolos de la unidad nacional, todo parece indicar que, a cambio de la legalización del PCE.

9 El almirante Gabriel Pita de Veiga, ministro de marina, presentó su dimisión tras conocer la legalización del PCE.

10 Gutiérrez Mellado fue designado Vicepresidente primero en 1976 por su condición de militar reformista para controlar el ruido de sables (peligro golpista) que se podría producir y se produjo durante toda la transición. En febrero de 1981 y con la investidura de Calvo Sotelo como nuevo Presidente del Gobierno no repitió cargo. Se le recuerda como la persona que pidió explicaciones y lealtad constitucional a Tejero en el asalto al Congreso del 23-F.

11 La Ponencia pasó varios momentos de tensión de los que se sobrepuso al ceder todos sus miembros en algún momento para lograr un texto de consenso.

12 El Congreso aprobó la Constitución el 31 de octubre de 1978 por 325 votos a favor, 6 en contra y 14 abstenciones y el Senado por 226 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones. Los resultados del referéndum ciudadano, por otra parte, fueron los siguientes: Si 58% (15,7 millones), No 8% (1,4 millones), Abs. 33%.

13 Destaca el hecho de que a pesar de ganar el centro la alcaldía de Madrid un pacto de izquierdas aupara al cargo a Enrique Tierno Galván.

La radio española en la transición democrática (1975-1982) (II/II)

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