bizkaiko_foru_aldundia

Enlaces relacionados

Zure iritzia / Su opinión

Participa

Premios

  • Artetsu Saria 2005

    Arbaso Elkarteak Eusko Ikaskuntzari 2005eko Artetsu sarietako bat eman dio Euskonewseko Artisautza atalarengatik

  • Buber Saria 2003

    On line komunikabide onenari Buber Saria 2003. Euskonews

  • Argia Saria 1999

    Astekari elektronikoari Merezimenduzko Saria

De la aplicación del Derecho penal en materia de estupefacientes, y de otras cuestiones actuales

Xabier ARANA, Doctor en Derecho -mención Doctor Europeus-. Miembro del Grupo Consolidado de la UPV/EHU (GICCAS). Personal Doctor Investigador acreditado en el campo del conocimiento en Ciencias Sociales, Jurí dicas y Econó micas en la UPV/EHU.

En el año 2011, bajo la dirección de Ignacio Muñagorri, catedrático de Derecho penal de la UPV/EHU, he defendido mi Tesis Doctoral titulada “Los discursos de las sentencias sobre el tráfico ilícito de drogas (Audiencia Provincial de San Sebastián, década de los años ochenta)”. Dicha defensa obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude.

Basada en el Análisis de Contenido, el corpus de la investigación fue la totalidad de las sentencias de tráfico ilícito de drogas en la Audiencia Provincial de San Sebastián durante la década de los años ochenta. Consta de tres partes claramente diferenciadas: a) primera parte: Análisis, en materia de estupefacientes, de las Convenciones internacionales, ámbito europeo, políticas y legislaciones comparadas (Alemania, Holanda e Italia) y, en particular, la política criminal española; b) segunda parte: (Re)construcción de los discursos de las sentencias: personajes de la enunciación, discursos sobre los hechos y otros discursos: jurídico-político, técnico-jurídico, económico, médico, e ideológico; c) tercera parte: Análisis de los efectos primarios y secundarios de la actual política, y una propuesta de bases para una política alternativa en clave de normalización.

La década de los años ochenta fue un período histórico relativamente convulso en algunas cuestiones relacionadas con los cambios políticos y sociales que se estaban produciendo en el Estado español. Desde esta perspectiva, la droga —en singular—, además de ocupar en los sondeos de opinión el primer lugar de los problemas de la sociedad española, preocupaba por los efectos existentes en dicho periodo histórico: robos (en domicilios, farmacias,...), síndromes de abstinencia, falta de recursos socio-sanitarios, etc., eran una parte de la cotidianidad.

A continuación se exponen algunas de las conclusiones de la investigación:

• Un análisis histórico del surgimiento y consolidación de la política prohibicionista en materia de sustancias denominadas estupefacientes y psicotrópicos, evidencia su asentamiento sobre unos pilares extremadamente frágiles y endebles, en virtud de los conocimientos actuales: nos encontramos ante un localismo —la doctrina puritana en materia de drogas reinante en Estados Unidos, a finales del siglo XIX- globalizado —en la medida que Estados Unidos consigue una influencia determinante en el ámbito mundial, sobre todo tras la II Guerra Mundial, con una preponderancia taxativa en Naciones Unidas y en los organismos creados en su seno—. Algunos de los mitos sobre los que se ha construido esta política prohibicionista, no son ciertos. No corresponde con la verdad, por ejemplo, que la hoja de coca crea dependencia, o que el consumo de cannabis fomente la comisión de actos violentos o delictivos.

• La terminología empleada en los diversos Convenios relacionados con este tipo de sustancias —salud física y moral, estupefaciente, uso indebido,...— tan ambigua como acientífica, ha generado su propio lenguaje que ha sido introducido y —sobre todo— reproducido, no sólo en las legislaciones de los Estados parte, sino también en los discursos médicos, sociales y políticos, de la inmensa mayoría de las personas partidarias de las políticas prohibicionistas, e, incluso, ha llegado a influir en algunos sectores de quienes son partidarias de otros discursos diferentes al prohibicionista.

“La década de los años ochenta fue un período histórico relativamente convulso en algunas cuestiones relacionadas con los cambios políticos y sociales que se estaban produciendo en el Estado español.”
Foto: CC BY - bjorn512.

• La aplicación de estos Convenios ha supuesto una internacionalización de los conflictos relacionados con este fenómeno. Han condicionado —y condicionan— las políticas penales y sociales de muchos Estados porque exigen —e imponen— la unificación de criterios y de legislaciones en materia de tráfico ilícito, sin tener prácticamente en cuenta las diversas realidades de los diferentes Estados que componen Naciones Unidas. Por este motivo, el fenómeno social de las drogas se ha convertido en uno de los pilares fundamentales sobre los que se centra el control social —sobre todo formal—, tanto en el ámbito estatal como en el internacional.

• Los continuos cambios legislativos llevados a cabo en los últimos treinta años evidencian, no sólo un fracaso de la política criminal de cara al fenómeno social de las drogas —respecto a la disminución de la oferta y la demanda—, sino también la reiterada insistencia de optar por una política criminal donde el Derecho penal, se ha convertido en su principal protagonista, capaz de condicionar —cuando no frustrar— otros aspectos básicos como la prevención y las políticas sociales.

• Tras los cambios acontecidos en la transición política, en un contexto de recesión económica, la década de los años ochenta es un claro ejemplo de la construcción social del denominado problema droga, entendido éste —según se ha recogido en la exposición— como un proceso de priorización de determinados aspectos de los usos de drogas, llegándose a generalizar de tal manera que las demás cuestiones quedan prácticamente escondidas y olvidadas. Desde esta perspectiva, la interacción activa entre política prohibicionista, la denominada salud pública, y lo ideológico, ha dado lugar al sostenimiento de un discurso ambivalente, de cara a las sustancias y a las personas usuarias de drogas, y las características que se les refiere en relación a la sociedad, entre otras cuestiones, en lo relacionado con las políticas de drogas, con su aplicación selectiva, con la utilización médica o no de algunas sustancias y, también, con a manipulación de los conceptos técnicos.

1. Pese a los serios problemas de salud relacionados con los consumos de algunas drogas (alcohol, tabaco,...), desde diversos espacios —parlamentario, medios de comunicación,...— se sobredimensionaron los efectos de los consumos y de las consecuencias sobre la salud de las sustancias denominadas estupefacientes (sobre todo lo relacionado con los derivados de opiáceos y —en menor medida— con los derivados del cannabis).

2. Se llevó a cabo una rápida y directa equiparación entre droga e inseguridad ciudadana, donde el término droga básicamente englobaba a las sustancias denominadas ilegales y, donde no se distinguía entre problemas de inseguridad ciudadana creados por el consumo de este tipo de sustancias, de los problemas creados por la actual política prohibicionista, y de los derivados de la diversidad de problemas sociales.

3. Entre un sector de los políticos y de los medios de comunicación conservadores, se interpreto la reforma de 1983, en clave de legalización de la droga, cuestión no cierta, pero que sirvió para exigir mayores sanciones en relación a este tipo de delitos.

4. Las demandas de un sector de la población que vivió más de cerca el sufrimiento del denominado problema droga, fueron manipuladas e interpretadas en clave de populismo punitivo, para aumentar las sanciones por estos delitos.

Foto: CC BY - e-MargineArt.com

“Los discursos parlamentarios y del gobierno donde se reconoce a las personas drogodependientes como personas enfermas necesitadas de ayuda, chocaron frontalmente con las prácticas llevadas a cabo en materia de prevención del VIH.”
Foto: CC BY - e-MargineArt.com.

• La construcción de esta realidad, se basó en la ausencia de datos fiables, en la proyección de una imagen social muy sesgada del fenómeno (donde primó el deseo de agradar a organismos internacionales en la materia, a Estados Unidos —y a otros países de Europa—, además de un interés electoralista), y en la proliferación de discursos y prácticas empleados en diversos ámbitos —policial, judicial, de la salud, de los medios de comunicación y de los profesionales del fenómeno social de las drogas—, que sirvieron para imponer criterios de resolución de problemas sociales, donde los aspectos represivos —sobre todo hacia un sector de personas vulnerables— primaron sobre los de salud pública.

• Los discursos parlamentarios y del gobierno donde se reconoce a las personas drogodependientes —entre los que se encuentran las personas drogodependientes de opiáceos por vía intravenosa— como personas enfermas necesitadas de ayuda, chocaron frontalmente con las prácticas llevadas a cabo en materia de prevención del VIH. La marginación a la que fueron sometidas estas personas, junto con la no implantación de programas de reducción de daños —como por ejemplo los PIJ—, tanto fuera como dentro de las prisiones, tuvo consecuencias nefastas sobre la salud pública. Sin embargo, cuando han transcurrido más de dos décadas de los hechos, las autocríticas —por no hablar de responsabilidades— sobre estos aspectos —en el ámbito político, sanitario y social— han brillado por su ausencia.

• En los años ochenta, la situación en la que se encontraban los diversos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, distaba mucho de ser la más adecuada para intervenir en los delitos contra el tráfico ilícito de estupefacientes: la Policía Nacional y la Guardia Civil, eran quienes mayores medios tenían para luchar contra este tipo de delitos, pero, además de no gozar del apoyo de la población en general, estaban bastante más centrados en la lucha contra ETA, que en cuestiones relacionadas con los delitos contra la salud pública; la Ertzaintza, prácticamente no estaba desplegada en Gipuzkoa, y, las diversas Policías Municipales no disponían ni de medios, ni de preparación suficientes. Además la coordinación entre las diversas policías fue prácticamente inexistente durante la primera mitad de la década analizada.

• Las actuaciones policiales estuvieron condicionas, además de lo señalado en la conclusión anterior, por la ubicación geográfica del Territorio Histórico de Gipuzkoa: territorio fronterizo entre España y Francia, con kilómetros de costa. Un sector de las personas más vulnerables, fundamentalmente consumidoras de heroína, se convirtieron en el centro del control social formal ejercitado por la policía. Unas veces eran detenidas cuando iban a inyectarse heroína y, otras, cuando transportaban pequeñas dosis de esas sustancias. Sin embargo, la inseguridad jurídica generada, también abarcó a otro tipo de personas consumidoras.

• Durante la década de los años ochenta, la Audiencia Provincial de San Sebastián, en relación con los delitos contra la salud pública, no se caracterizó por la utilización del Derecho penal como ultima ratio, bien al contrario, hubo un abuso del recurso al control social formal —sobre todo en el primer período analizado— en personas especialmente vulnerables: jóvenes, drogodependientes de opiáceos.

• De igual modo, se utilizó excesivamente la prisión preventiva en los delitos contra el tráfico ilícito de drogas. Más de la mitad (51,5%) de las personas juzgadas estuvo en prisión durante la tramitación previa al juicio oral. Sin embargo, no llegó a una de cada cinco (18%) las que permanecían en prisión, en el momento del juicio. La estancia en prisión preventiva de una parte de las personas acusadas por delitos contra la salud pública de escasa gravedad, evidencia que no estaba primando el derecho fundamental a la libertad y ésta como valor superior del ordenamiento jurídico (art. 17.1 CE), además de cuestionarse el derecho a la presunción de inocencia y el criterio de necesidad.

Foto: CC BY - banspy

“Gipuzkoa en la época analizada, por su enclave geográfico y por su situación socio-política se convirtió en un lugar estratégico de transporte, venta y consumo de las sustancias denominadas estupefacientes.”
Foto: CC BY - banspy.

• En la época de los años ochenta, no se corresponde con la realidad, la afirmación que los delitos contra el tráfico ilícito de sustancias ilegalizadas habían experimentado un gran aumento en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. La evolución fue pareja al resto de los delitos sentenciados en la Audiencia Provincial de San Sebastián.

• Gipuzkoa en la época analizada, por su enclave geográfico y por su situación socio-política se convirtió en un lugar estratégico de transporte, venta y consumo de las sustancias denominadas estupefacientes: territorio fronterizo entre los Estados español y francés, con kilómetros de costa y con cierta tradición de contrabando —de tabaco y de otras sustancias—, paso obligado hacia otros espacios de Europa.

• Una parte significativa de las aprehensiones de este tipo de sustancias se llevaron a cabo en los puestos fronterizos que tiene el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Ello no quiere decir que todas esas sustancias fueran a venderse o consumirse en Gipuzkoa. Generalmente los registros y detenciones se efectuaban a personas que intentaban introducir las drogas en el Estado español, aunque también se dieron casos de personas que llevaban —en la mayoría de los casos— algún derivado del cannabis a otras zonas de Europa.

• El análisis de las sentencias de la Audiencia Provincial de San Sebastián respecto a los delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes es una buena atalaya para observar la evolución de dicho tráfico: desde la persona consumidora que tenía alguna planta de cannabis para uso personal, hasta la aprehensión de grandes alijos, evidencia que la cuestión económica del tráfico ilegal, unida a una mayor organización fueron cobrando cada vez un mayor protagonismo.

• Los efectos secundarios derivados de la política prohibicionista en el ámbito de la salud (tanto personal como más allá de la salud personal), de lo social (estigmatización de personas y minorías vulnerables, aumento de la violencia, degradación urbana y pérdida de espacios públicos, inseguridad ciudadana, colapso y/o ineficacia del sistema penal, mayor control y/o represión sobre poblaciones concretas), de la economía (economía informal, el denominado blanqueo de dinero, creación de poderosos grupos de poder,...), de la política (corrupción, deslegitimación institucional, violencia de Derechos Humanos y derechos fundamentales, guerra a las drogas, beneficios políticos de los consumos,...), evidencian la necesidad de un cambio en la inercia de política prohibicionista para sentar las bases de otra política en materia del fenómeno social de las drogas, desde los conocimientos científicos actuales y desde la profundización en una cultura democrática de respeto a las diversas sensibilidades existentes, para que dejen de ser una nueva —o no tan nueva— forma de colonialismo y sirvan para poner en práctica políticas donde los aspectos sociales, educativos, preventivos, de salud, y de respeto a los Derechos Humanos, primen sobre la política criminal.

La opinión de los lectores:

comments powered by Disqus
Laguntzaileak
Gipuzkoako Foru AldundiaEusko Jaurlaritza
Eusko IkaskuntzaAsmozEuskomedia