El mito de la seguridad
Andrés
Krakenberger, Amnistía Internacional
Itzulpena euskaraz
La seguridad, entendida como la entienden muchos gobiernos, es un concepto sesgado que no trae consigo otra cosa que mayor inseguridad.
Algunos lectores ya me habrán descalificado como "progre trasnochado" al leer esta primera frase, y puede que algunos no me sigan leyendo. Si pudiera hablar con ellos les pediría un mínimo de paciencia para explicarme. Hace algún tiempo que yo y otros muchos andamos recelosos por la forma en que los gobiernos interpretan y aplican sus programas de seguridad nacional e internacional. Con demasiada frecuencia, no se limitan a buscar el daño del culpable, y arremeten con inocentes estimados próximos al culpable. Los líderes políticos acostumbran a azuzar el fuego del caldero de los miedos y prejuicios de la población para evitar tener que rendir cuentas y promover sus propios intereses.
Por supuesto que los derechos humanos se violan desde que fueron concebidos como tales, pero no es menos cierto que en los últimos tiempos ha alcanzado mayor ímpetu en todo el mundo una especialísima idea de seguridad. Este concepto de seguridad no es novedoso, pero desde el fatídico 11 de septiembre se manifiesta con una intensidad sin precedentes y al socaire del mismo y del "antiterrorismo" se han producido toda una suerte de intentos de reducir los logros obtenidos en el terreno de los derechos humanos durante los cincuenta últimos años.
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| (Foto: www.epub.org.br/cm/n14/opinion/terrorista.html) |
Muchos habremos pensado que ante este terrible clima de inseguridad que nos acecha, poco nos cuesta ceder en libertades. Pero hete aquí que ya llevamos varios años así, y con ello no se puede afirmar que hayamos realmente ganado en seguridad en el trueque. Lo cierto es que seguimos expuestos a toda serie de peligros, aquí, en Moscú, en Burundi y en cualquier rincón del globo. Hacer más hincapié en determinados aspectos de la seguridad no ha convertido al mundo en un lugar más seguro, lo ha hecho más peligroso porque se han recortado derechos humanos y se ha socavado el imperio del derecho internacional. Los gobiernos se protegen contra todo escrutinio, aumentando las brechas entre pueblos de distinta fe y origen, y desviando la atención de enconados conflictos y otras fuentes de inseguridad.
En momentos de mayor inseguridad, los gobiernos optan por hacer caso omiso del sistema colectivo de seguridad que representa el derecho internacional y lo socavan. Gobiernos democráticos y autocráticos aplican medidas draconianas de intromisión e interceptación, de detención y reclusión sin juicio de sospechosos, y de expulsión de personas sin consideración alguna por la suerte que pudieran correr. Estas medidas han debilitado la protección de los derechos humanos de las personas individuales y el respeto por las normas del derecho internacional. Estados Unidos mantiene privados de libertad a prisioneros de la guerra de Afganistán desafiando el derecho internacional humanitario, ha mirado para otro lado ante la tortura y malos tratos practicados contra sospechosos por sus agentes y aliados y ha intentado minar la Corte Penal Internacional mediante acuerdos bilaterales. De paso, ha debilitado también su propia autoridad moral para alzar la voz contra las violaciones de derechos humanos que se cometen en otras partes del mundo.
Ninguna medida que haga sentirse a las personas inseguras puede ser válida para construir una sociedad o un Estado seguros. Se cierne la sombra de la sospecha sobre comunidades enteras —identificadas por su raza, religión u origen nacional— a causa de la actividad, real o supuesta, de unos cuantos. El resultado de todo ello es un desasosiego e incertidumbre crecientes entre amplios sectores de la población. La estigmatización aumenta con medidas como la aplicación de «criterios raciales» y la detención de inmigrantes en Estados Unidos, y en Europa con la calificación de «terroristas» a refugiados y solicitantes de asilo. En un clima de crecientes racismo y xenofobia, a los solicitantes de asilo se los expulsa a lugares en los que han de hacer frente a la cárcel, a la tortura o la muerte, y aumenta al mismo tiempo la frecuencia de los ataques violentos contra miembros de comunidades minoritarias. Peligroso negocio es azuzar los miedos de la ciudadanía por intereses políticos o beneficios electorales a corto plazo. Durante el año pasado, las tensiones étnicas y religiosas en países como India, Nigeria y Costa de Marfil han puesto de manifiesto los peligros que conlleva el acentuar la división entre ciudadano y emigrante, entre personas de credos diferentes, entre ricos y pobres, Norte y Sur.
Sacando provecho del clima internacional favorable al «antiterrorismo», muchos gobiernos han intensificado y renovado, a escala nacional, la represión contra detractores políticos y otras personas sobre cuya lealtad dudan: sindicalistas, periodistas, minorías religiosas o raciales y defensores de los derechos humanos. Son muchos los ejemplos que pueden encontrarse en los informes que nuestra organización elabora sobre países específicos en los que, invocando la seguridad nacional, las fuerzas gubernamentales han matado, violado, torturado y secuestrado impunemente.
No cuestiono el derecho de todo gobierno a actuar contra la violencia criminal y política de individuos y grupos armados. Al contrario, les pido que protejan a las personas conforme a lo que la ley dispone. Permanentemente, con firmeza, hay que condenar los ataques que se cometen contra civiles por tratarse de un abuso grave contra sus derechos humanos. Recordamos a los grupos armados y a quienes los respaldan la obligación que tienen de no dirigir sus acciones contra los civiles, sean cuales sean las circunstancias. Los abusos que cometen los grupos armados contra los derechos humanos, no obstante, no son una eximente por la que los gobiernos pueden dejar de cumplir sus propias obligaciones.
Los gobiernos no tienen derecho a responder con terror al terror. Tienen la obligación, en todo momento, de actuar en el marco del derecho internacional humanitario y del derecho internacional en materia de derechos humanos. Quienes organizan y perpetran atentados con bombas contra autobuses en Tel Aviv o contra una discoteca en Bali, quienes en Burundi tienden emboscadas contra civiles, y los matan, o quienes toman rehenes en un teatro en Moscú, deben ser puestos a disposición de la Justicia de conformidad con las normas internacionales sobre justicia procesal. Como también hay que llevar ante los tribunales a los soldados israelíes que cometen homicidios ilegítimos en los Territorios Ocupados, a los policías indonesios que practican la tortura en Aceh y Papúa, a los miembros de las fuerzas de seguridad rusas que violan mujeres en Chechenia. Al negar la justicia y perpetuar la impunidad, muchos gobiernos socavan sus propias obligaciones en materia de derechos humanos en el ámbito internacional y contribuyen a la continuidad del ciclo de la inseguridad, la violencia y las violaciones de los derechos humanos.
Que la mayoría de los gobiernos se hayan centrado en estrictos programas de seguridad nacional ha desviado la atención de algunas amenazas muy reales que afectan a la vida de millones de personas. Las verdaderas fuentes de inseguridad para muchas personas son que no se ponga fin al desatado flujo de armas pequeñas, que no se erradiquen ni la pobreza extrema ni las enfermedades evitables, que no se ponga freno ni tratamiento a la propagación del VIH/SIDA, ni se aborden los aspectos sociales de la globalización. La seguridad real no dejará de ser una quimera, especialmente para los pobres, mientras la policía, los tribunales y las instituciones del Estado de muchos países sigan siendo ineptas o corruptas. Muchas mujeres seguirán sientiéndose inseguras mientras no se las proteja contra la violencia en su propia casa, en su comunidad. En la campaña que Amnistía Internacional ha emprendido sobre Rusia se ha destacado el hecho de que el Parlamento no haya sido capaz de adoptar la legislación precisa para tipificar como delito la violencia doméstica, a pesar de haberse presentado 50 proyectos en un país en el que cada año mueren unas 14.000 mujeres a manos de esposos o familiares.
Atajar estas fuentes diversas de inseguridad exige que gobiernos y comunidad internacional inviertan en derechos humanos, se comprometan con todos ellos: los económicos, los sociales, los culturales, los civiles y los políticos. Exige el establecimiento de instituciones, o el fortalecimiento de las ya existentes, que protejan los derechos humanos. Se están dedicando nuevos recursos a policías de seguridad y a agencias contraterroristas. ¿Dónde está el dinero que hace falta para fortalecer la maquinaria de la ONU dedicada a la defensa de los derechos humanos, que lleva ya años gravemente infra-financiada? ¿Dónde están esos nuevos recursos que ayuden a los países a construir sistemas de justicia y de policía eficaces y justos? ¿Dónde el dinero que cubra las necesidades sociales de los pobres, de los marginados? ¿Dónde la voluntad política y la sensibilidad pública necesarias para combatir la violencia contra las mujeres?
La inseguridad global, lejos de devaluar los derechos humanos, lo que en realidad ha hecho es aumentar la necesidad de que sean respetados. Un mundo más seguro exige un cambio conceptual en la idea de seguridad, un cambio en el que se reconozca que la existencia de Estados eficaces y que respeten los derechos humanos, no que los violen, es el mejor modo de atajar la inseguridad y la violencia. A menos que se produzca ese cambio, la seguridad seguirá siendo un concepto sesgado que no traerá consigo otra cosa que mayor inseguridad.
A lo largo del pasado año, Amnistía Internacional no ha dejado en ningún momento de poner en duda la estrecha perspectiva de estos programas de seguridad. Nuestros miembros han ejercido presión sobre gobiernos, grupos armados, empresas transnacionales y otros agentes para que se promuevan y protejan los derechos humanos en todo el mundo. Conseguir cambios reales en la vida de las personas es la medida de nuestro éxito. Este informe documenta logros y reveses. En él quedan registrados los esfuerzos de nuestros miembros en pro del cambio, para exigir justicia, para denunciar la farsa de la retórica política, para hacer que los gobiernos rindan cuentas. en suma, y sobre todo, para relatar la historia que hay tras cada estadística, para dar voz a los que no la tienen.
Los derechos humanos no son un lujo de tiempos de bonanza. Hay que cumplirlos en todo momento y, especialmente, en momentos de peligro e inseguridad. Con ellos se consigue que los gobiernos se abstengan de tomar medidas que hacen daño. Ellos proporcionan la vara de medir en la rendición de cuentas. Facultan, dan mayor responsabilidad a las personas y les dan la libertad de elegir, moldear y determinar sus destinos. Los derechos humanos aportan el marco para un diálogo constructivo entre gobiernos y pueblos. Si ha de tener éxito la búsqueda de un mundo más seguro, los derechos humanos han de ser el norte de la brújula que oriente ese empeño.
