Jon MURELAGA IBARRA, Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV-EHU
:: La tecnologización de la sociedad española (II/II)
0. Introducción. Marco teórico
La Sociedad de la información —en lo sucesivo SI— es el concepto por el que se determina la actual sociedad desarrollada. Los matices con los que la comunidad teórica y científica abordan el tema dificulta la consecución de una definición unificada, por lo que, para comprender el sentido y el alcance del término, son vitales su análisis y evolución conceptual.
A continuación se presentan algunos puntos de vista y definiciones que sobre la SI han ofrecido varias instituciones internacionales:
- “El término Sociedad de la información se refiere a una forma de desarrollo económico y social en el que la adquisición, almacenamiento, procesamiento, evaluación, transmisión, distribución y diseminación de la información con vistas a la creación de conocimiento y a la satisfacción de las necesidades de las personas y de las organizaciones, juega un papel central en la actividad económica, en la creación de riqueza y en la definición de la calidad de vida y las prácticas culturales de los ciudadanos” (Ministerio de Ciencias de Portugal, 1997).
- “(...) proceso de transformaciones sociales, económicas y políticas que se están produciendo como consecuencia del desarrollo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, y la capacidad, prácticamente ilimitada, que su uso aporta para obtener, almacenar, procesar y compartir información” (Gobierno Vasco, 2004).
Como se ha indicado, es muy difícil ofrecer una definición consensuada sobre el término SI por lo que es inevitable recopilar varias explicaciones para observar la apreciación que del concepto hace el mundo teórico y académico.
- “Las sociedades de la información se caracterizan por basarse en el conocimiento y en los esfuerzos por convertir la información en conocimiento. Cuanto mayor es la cantidad de información generada por una sociedad, mayor es la necesidad de convertirla en conocimiento. Otra dimensión de tales sociedades es la velocidad con que tal información se genera, transmite y procesa. En la actualidad, la información puede obtenerse de manera prácticamente instantánea y, muchas veces, a partir de la misma fuente que la produce, sin distinción de lugar. Finalmente, las actividades ligadas a la información no son tan dependientes del transporte y de la existencia de concentraciones humanas como las actividades industriales. Esto permite un reacondicionamiento espacial caracterizado por la descentralización y la dispersión de las poblaciones y servicios” (Linares y Ortiz Chaparro, 1995: 114).
- “Hemos entrado en un modelo puramente cultural de interacción y organización sociales. Por ello la información es el ingrediente clave de nuestra organización social, y los flujos de los mensajes e imágenes de unas redes a otras constituyen la fibra básica de nuestra estructura social. Es el comienzo de una nueva existencia y, en efecto, una nueva era, la de la información, marcada por la autonomía de la cultura frente a las bases materiales de nuestra existencia” (Castells, 1997: 514).
- “El término sociedad de la información destaca el papel de ésta última en la sociedad. Pero yo sostengo que la información, en su sentido más amplio, es decir, como comunicación del conocimiento, ha sido fundamental en todas las sociedades, incluida la Europa medieval, que estaba culturalmente estructurada y en cierta medida unificada en torno al escolasticismo, esto es, en conjunto, un marco intelectual (...). En contraste, el término informacional indica el atributo de una forma específica de organización social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nueva tecnologías que surgen en este periodo histórico” (Castells, 1997: 47).
- “Podríamos (...) definirlo como la sociedad en red, aquella donde cada persona no dispone sólo de sus recursos de conocimiento sino que tiene una capacidad, en principio ilimitada, para acceder a la información generada por otros. Esta capacidad siempre ha existido, de forma selectiva y más o menos rudimentaria. Lo propio de la Sociedad de la Información es precisamente ese carácter general e ilimitado que tiene en ella el acceso a la información y que ésta pasa a ser un recurso económico” (Temboury, 2002).
La SI sucede cronológicamente a la Sociedad Industrial, por lo que algunos autores (Daniel Bell, 1976) denominan las transformaciones científicas y tecnológicas producidas en los países desarrollados tras la II Guerra Mundial que dieron origen a un progresivo crecimiento del sector terciario como Sociedad Post-industrial. En esta sociedad, que indistintamente puede denominarse de la Información o Post-industrial, el conocimiento constituye el factor más determinante de la producción y asegura mayores niveles de productividad y competitividad al sector empresarial.
Hasta la implantación definitiva del término de SI en Japón a finales de 1970, pero también con posterioridad, durante años se ha producido un debate terminológico, en parte por las diferentes percepciones que diferentes autores y estudiosos del tema han mostrado sobre la realidad y por la casuística concreta de cada área geográfica de análisis. La evolución y transformación cronológica del término se resume de la siguiente manera:
- 1962. Producción del conocimiento: el profesor de economía de la Universidad de Princeton —EEUU— Fritz Machlup pronosticó a comienzos de la década de los sesenta el advenimiento de un nuevo ciclo donde las industrias del conocimiento adquirirían una dimensión dominante. En el libro The Production & Distribution of Knowledge in the United States (1962), Machlup describió el significado económico del desarrollo de las actividades de información y de comunicación, proporcionando un ejemplo de cálculo del valor monetario de este tipo de producción que se denomina <<producción del conocimiento>>. En la obra se hace referencia al crecimiento económico de las industrias vinculadas con el manejo de la información que, según el autor, generaban un tercio del PIB de EEUU, un hecho sin precedentes en la historia del país. Machlup, intentó trazar las industrias de la información en términos estadísticos, para lo cual distinguió cinco ramas industriales: educación, medios de comunicación, máquinas de información, servicios de información y otras actividades de información.
- 1969. Hacia la Sociedad de la Información: Plan JACUDI. El Ministerio de Industria y Comercio japonés —MITI— publicó un informe del Industrial Structure Council, titulado Towards the Information Society. Sobre las bases de ese informe y en 1972, la organización no lucrativa japonesa Japan Computer Usage Development Institute —JACUDI—, presidida por el sociólogo japonés Yoneji Masuda, presentó al gobierno nipón el primer documento estratégico sobre las políticas públicas en la SI titulado Plan para la Sociedad de la Información - Un objetivo nacional para el año 2000, conocido universalmente como Plan JACUDI.
Tras las pérdidas económicas provocadas por la participación activa de Japón en la II Guerra Mundial, el país se encontraba en una difícil situación política, económica e industrial. En un intento por aliviar la economía y la producción nacional, Japón centró sus esfuerzos y recursos en obtener toda la información técnica y científica disponible del momento comprando patentes tecnológicas a Occidente, por un lado, y adquiriendo la maquinaria más moderna del mercado. Esta estrategia resulto altamente positiva, como ha dejado patente la historia, ya que elevó Japón a los primeros puestos del ranking económico mundial en todos los aspectos.
- 1976. Economía de la Información. En su libro The information Economy (1976), el profesor de la Universidad norteamericana de Stanford Marc Porat, aducía que las actividades relacionadas de manera directa o indirecta con la información se singularizaban de manera desbordante. De esta manera, esbozaba un nuevo panorama de la actividad productiva denominada “economía de la información” que estaba intrínsecamente alineada al desarrollo de las nuevas tecnologías y que determinaba un nuevo espacio dentro del sector terciario. La evolución de la economía industrial trajo consigo, según Porat, un aumento de las actividades de tratamiento, producción y transmisión de la información, y esta nueva economía se sostenía en las actividades y ocupaciones que tenían los sujetos productivos. Estos nuevos parámetros se encaminaban a la gestión y al tratamiento de la información y se consideraban como las bases de una moderna estructura productiva. Porat dividió la economía entre “primaria”, “secundaria” y sector de “no-información”. Esta tríada arrojaba cierta luz a los estudios de Machlup en los que, según Porat, no se tenía en cuenta las actividades informativas que habían sido disimuladas de un examen inicial. En el primer sector se incluyeron todas las industrias que hacían de la información un elemento activo, con valor económico añadido. En la segunda, se agrupaban entidades, organizaciones y grupos que utilizaban su información de manera no directa pero que de cuya utilización se podía conseguir un objetivo similar, como en el caso de la investigación y el desarrollo.
- 1978. La telemática. En el informe L´informatisation de la société (1978), Simon Nora y Alain Minc, analizaron el impacto producido por la informatización de la sociedad, la situación del sector de los servicios informáticos y el de las telecomunicaciones dentro de un contexto donde comenzaba a ser evidente la evolución de la industria hacia unos parámetros de tecnologización. El “Informe Nora-Minc”, fue elaborado a petición expresa del presidente de la República francesa Valery Giscard d’Estaing y tenía como objetivo la búsqueda de respuestas ante la crisis industrial y energética de los años setenta. Los autores concluyeron que las TIC podían ser herramientas validas como alternativa a la crisis. Por primera vez se acuña el término telemática, la cual hacía referencia al conjunto de nuevas tecnologías y servicios que aunaban telecomunicaciones e informática. Por último, cabe destacar el análisis perspectivo que realizaron los autores en el que apostaron por la educación en términos de libertad pedagógica para desarrollar una sociedad adulta y responsable que se encaminase por las sendas de la movilidad y la imaginación.
- 1980. La Sociedad de la Información. En el libro La sociedad de la información como Sociedad Post-industrial (1980), Yoneji Masuda popularizó el término “Sociedad de la Información”. Según el estudioso japonés, la sociedad se había convertido en un ente que se erigía alrededor de la información y que gracias a ella se desarrollaba una creatividad intelectual del género humano en lugar de un aumento del consumo material. En esta nueva sociedad post-industrial, las actividades de procesamiento, organización, recuperación, almacenamiento, monitoreo, utilización, distribución, adquisición y venta de información, se convertían en prioritarias para las economías de los países avanzados.
- 1982. Megratends. Con la obra de John Nasbitt, se comenzó a hacer conocida y utilizada la expresión SI. En ella se describían los escenarios presentes y futuros a los que daría lugar la SI. El autor analizó la evolución y el desarrollo de tres etapas económicas claramente diferenciables: la era agraria; la fase de la industrialización y, por último, la era de la información. En la obra se apuntaba que la economía nacional se dirigía a una economía global en la que las perspectivas a corto plazo se habían convertido en apuestas a largo plazo, que la centralización comenzaba a dejar paso a la descentralización, que las instituciones empezaban a perder fuerza frente a la individualización de la sociedad y que las jerarquías de trabajo habían dejado paso a una actividad basada en redes de comunicación, donde las estructuras organizativas se convertían en esquemas horizontales y no verticales como hasta entonces. La tecnología, por último, ya no habría de suponer una herramienta de subyugación sino un elemento determinante al servicio del individuo y los negocios dentro de una sociedad y economía que demandaban sujetos cada vez más preparados tecnológicamente.
A partir de los años noventa, se produjo una socialización de las nuevas tecnologías, y la informatización —tecnologización— de la sociedad, el tejido empresarial y las instituciones se multiplicó, lo que estructuró una sociedad más avanzada, dinámica y desarrollada. La terminología adecuada para determinar la fase actual —comienzos del siglo XXI—, sin embargo, es compleja y variada. Así, no es de extrañar que en una prospección sobre la materia encontremos términos como “Sociedad informatizada”, “Sociedad tecnologizada”, “Era digital”, “Sociedad de la postinformación”, “Sociedad del conocimiento”, “Sociedad informacional”... para denominar el mismo panorama mundial. Todos los términos citados, no obstante, coinciden en tres aspectos: la transformación de los mecanismos productivos, se desarrollen éstos con fines materiales o inmateriales; la importancia que ésta evolución ha adquirido dentro de la economía que se sitúa dentro de los parámetros del conocimiento y la tecnología y la progresiva incidencia económica del sector terciario.
De igual manera, cabe destacar, la importancia decisiva que desde finales del siglo XX y comienzos del XXI se le confiere al conocimiento a nivel económico, social y personal, como factor de competitividad entre mercados, colectivos o sociedades e individuos. Es por eso por lo que a la actual sociedad se la conoce también como “sociedad del conocimiento”. Un nuevo entramado donde el desarrollo social se caracteriza por la capacidad y modernización de los órganos que lo componen —ciudadanos, tejido empresarial y administraciones públicas— para desarrollar canales, estructuras e instrumentos de obtención y difusión de información de múltiples modos y de manera instantánea.
Las instituciones públicas comenzaron a tomar constancia de la importancia de las TIC a partir de la década de los noventa. En 1994 la administración norteamericana presentó la “Ley de Comunicaciones” en la que proponía un plan de acción para desarrollar una macroestructura de información nacional conocida popularmente como “Superautopistas de la información”. El proyecto, desarrollaba una acción conjunta entre los sectores público y privado en la cual los costes de la construcción y la capitalización eran sufragados por las empresas.
1. Objeto de estudio y metodología.
El objeto de estudio del presente trabajo es la aportación del sector público y privado en la implantación de la SI en el Estado español entre 2000 y 2004. Se ha seleccionado el año 2000 como comienzo del estudio porque ese año el gobierno central puso en marcha el “Plan Info XXI” como primer programa exhaustivo de desarrollo íntegro de la SI. El estudio se cierra en 2004, por un lado, para tener cierto recorrido histórico en las primeras acciones gubernamentales y, por otro lado, porque en cuatro años se aplicaron dos planes —“Info XXI” y “España.es”— lo que supone un desarrollo incierto.
El estudio se ha estructurado en un apartado teórico —introducción— y en uno práctico (puntos 2-5). Para la introducción se han utilizado las obras de referencia de los autores más importantes de la literatura científica de los últimos treinta años —Bell, Machlup, Porat, Nora y Minc, Masuda o Nasbitt—. Esta visión histórica nos ha permitido crear un marco teórico válido para entender el desarrollo de la información y de la tecnología en la construcción de la SI.
En los apartados del análisis de la SI en el Estado español hemos tomado como referencia los planes “Info XXI” y “España.es” y hemos expuesto los datos que se derivan de la aplicación de dichos programas. Estos datos son el resultado de una búsqueda sistemática que ha durado desde 2000 hasta 2004. En este sentido cabe indicar que dichas búsquedas se han realizado en los siguientes campos: Anuario de telefónica sobre SI —2000, 2001, 2002 y 2003—, Estudio General de Medios (2000-2004); prensa diaria —El País, El Mundo, Abc, La voz de Galicia, Diario El Correo, y, Expansión—; revistas científicas —Telos, ZER, Latina, Ámbitos—; portales de Ciencia y Tecnología; y, páginas institucionales —ministerios, gobierno central, gobiernos autonómicos—.
2. “Info XXI”. Plan de acción para el desarrollo de la SI en el Estado español.
Con un presupuesto de casi 5000 millones de euros, se diseñó para el bienio 2001-2003. Constaba de 300 proyectos y se dividió en diez ejes de actuación:
I) Infraestructuras: economizar las tarifas en la conexión por ADSL, desarrollar las infraestructuras necesarias para fomentar la banda ancha, implantar la telefonía de tercera generación —UMTS— e impulsar la televisión digital.
II) Educación: crear medios necesarios —ordenadores y conexiones— para socializar Internet en las escuelas.
III) Formación: formar a la ciudadanía en el uso de Internet con el fin de aumentar el número de internautas.
IV) Administración: acercar la administración al ciudadano mediante servicios por Red.
V) Comercio electrónico: impulsar el comercio electrónico mediante dos iniciativas: por un lado, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico —Ley LSSI— que confería a la autoridad competente la posibilidad de regular las iniciativas de los internautas y, por otro lado, el Programa “Arte/Pyme II” que facilitaba el desarrollo del comercio electrónico entre las Pequeñas y Medianas Empresas.
VI) Empleo: encargar a la Fundación para la Formación Continua la elaboración de programas para la educación de trabajadores en el ámbito del teletrabajo y principalmente las encaminadas a la creación de empleo entre los discapacitados.
VII) I+D: desarrollar un conjunto de planes específicos para abordar con garantías la Investigación y el Desarrollo.
VIII) Sanidad: acercar la sanidad pública al ciudadano con el diseño de un protocolo de actuación donde la Red fuera la principal herramienta para gestionar citas o canalizar la comunicación médico-paciente.
IX) Medio ambiente: crear canales de información medioambiental como el “Portal Hispagua”.
X) Cultura: potenciar la presencia de la cultura y el idioma español en Internet mediante el programa “Patrimonios”.
3. “Comisión Soto”. Redefinición de un plan de acción.
Tras el fracaso de “Info XXI”, y a propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Consejo de Ministros creó en noviembre de 2002 la Comisión Especial de Estudio para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en España —CDSI— conocida como “Comisión Soto”, compuesta por una decena de representantes del ámbito profesional, tecnológico, empresarial y académico para valorar la situación de la SI en el Estado. La comisión, propuso el diseño de una marca fuerte para identificar el proyecto y consolidar una línea de desarrollo tecnológico mediante la elaboración de un plan de publicitación eficaz para lo que definió las siguientes líneas de actuación:
I) Formación: incidir en la necesidad de educar al profesorado y alumnado en el manejo y uso de la tecnología.
II) Administración: multiplicar servicios telemáticos administración-administración y administración-ciudadanía.
III) Ciudadanía: ampliar los servicios de banda ancha, sobre todo, entre los colectivos desfavorecidos o con rentas más bajas.
IV) Legalidad: eliminar barreras legales para obtener un mayor desarrollo de infraestructuras a nivel local y regional.
V) Empresa: informatizar las empresas y asesorar a las Pymes sobre los beneficios productivos de la tecnologización.
VI) Integración: socializar las nuevas tecnologías para la integración social de los grupos más desfavorecidos.
4. “España.es”. Plan de acción para el desarrollo de la SI.
En julio de 2003 el Consejo de Ministros aprobó el plan “España.es” tras aceptar que la anterior iniciativa no había cosechado los objetivos previstos. Este plan, que partía de las conclusiones y directrices estratégicas propuestas por la “Comisión Soto”, agrupaba un conjunto de acciones y proyectos que pretendían incentivar la conexión entre el ciudadano y las Nuevas Tecnologías de la Información —en lo sucesivo TIC—, mediante la mejora de las infraestructuras, productos y servicios. Se ideó con un ánimo de vigencia de dos años (2004-2006) y tuvo que cohabitar desde finales de 2003 con el malogrado “Info XXI”. Su coste inicial fue de 1029 millones de euros de los cuales la administración central soportaba el 63%, las comunidades autónomas el 26% y el sector privado el 11%. El plan contemplaba tres líneas rectoras verticales —Administración Electrónica, Educación y Pymes— y otras tantas horizontales —accesibilidad y formación, contenidos digitales y comunicación—. El plan se resume en seis ejes de actuación:
I) Administración.es: potenciar la creación del DNI digital, acentuar el desarrollo de servicios on line para los ciudadanos y facilitar el intercambio de información entre administraciones.
II) Educación.es: con un 23% del montante económico, se contempló entre otros, dotar de una conexión inalámbrica a la Red a cada aula de los centros públicos de Formación Profesional y Educación Secundaria. De igual manera, se creó el portal educación.es que ofrecía contenidos y servicios específicos para el profesorado.
III) Pyme.es: el Ejecutivo Central consideró necesario el acercamiento y apoyo a las Pymes para que éstas pudieran implantar las TIC en sus empresas.
IV) Contenidos.es: con una dotación de 220 millones, se desarrollaron dos iniciativas anteriores: la digitalización del patrimonio nacional — patrimonio.es— y el fomento de la firma electrónica y el centro de alerta antivirus —seguridad.es—.
V) Comunicación.es: con una inversión de 16 millones, el ejecutivo previó la creación de una marca, un logotipo y un lema para lanzar campañas del plan.
VI) Navega.es: el ejecutivo consideró vital este eje ya que el número bajo de internautas —10 puntos por debajo de la media europea— dificultaba sobremanera la progresión del Estado en el Índice de Desarrollo Tecnológico —IDT—. Con una inversión de 240 millones, la administración se comprometió a crear 2000 accesos públicos a Internet en municipios de 5000 a 10000 habitantes. De igual manera, se anunció la creación de la fundación navega.es, una institución de gestión de programas de formación en el que participaban administraciones públicas, empresas privadas y cajas de ahorros.
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