Baleren BAKAIKOA, Catedrático en Economía
Traducción: BELAXE. ITZULPEN ZERBITZUA
Jatorrizko bertsioa euskaraz
Lejos han quedado ya los duros y difíciles años que tuvo que soportar la economía vasca y en especial su sector industrial. Han pasado treinta años desde el inicio del declive industrial y, tras algunos altibajos, hace unos doce años comenzó a sentirse la recuperación. ¿Hasta cuándo durará? Algunos actores afirman que actualmente hay espacio para el optimismo. Habrá que creerles, aunque también existan razones para preocuparse, como el ciclo de la economía, la inflación relativa respecto a la zona euro, el encarecimiento del euro respecto al dólar, etc.
Entre los datos optimistas se incluye el hecho de que la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) fue uno de los motores de la economía estatal el año pasado. Su Producto Interior Bruto (PIB) mantuvo el nivel del 4,1% del año anterior, situándose por encima del resto de comunidades autónomas. Solamente Murcia, Cantabria y Galicia alcanzaron dicho nivel. Resulta sorprendente que una economía desarrollada como la de la CAE presente una tasa de crecimiento igual a la de otras comunidades de menor desarrollo, ya que llegados a un punto el crecimiento suele resultar más difícil. Navarra presentó un crecimiento más modesto, igual a la media estatal, que fue del 3,9%.
Existen numerosas razones que explican este crecimiento. En primer lugar, en estos últimos años los actores económicos han asumido que, para sobrevivir, las empresas deben innovar continuamente. Empresarios, trabajadores, autoridades políticas y universidades están implicados en esta tarea innovadora. A fin de cuentas, el proceso de innovación continua será el resultado de la colaboración entre todos estos agentes, de ahí que la innovación sea una de las razones del mencionado crecimiento.
Sin embargo, este proceso innovador no se produce sin problemas. Una de las ramas de la innovación es la investigación y, a pesar de que el Estatuto de Autonomía de la CAE así lo indique, el gobierno central aún no ha transferido esta competencia, aunque se haya comprometido a construir varios centros de investigación. Contar con esta competencia a nivel autonómico significaría más autonomía y más seguridad, en lugar de esperar a que se materialicen medidas políticas puntuales. El Gobierno Vasco, por su parte, apoya la investigación en las empresas, pero quizá no tanto investigaciones estratégicas que podrían llevarse a cabo en las distintas universidades.
Si sumamos la inversión en investigación y desarrollo en la CAE, el porcentaje resultante será el 1,45% del PIB, muy lejos aún de países referentes como los escandinavos: Suecia invierte un 3,7%, Finlandia un 3,5%, etc. Por ello, si bien estamos avanzando en este ámbito y nos situamos por encima de la media estatal, aún nos encontramos muy lejos de la cifra aprobada en el Acuerdo de Lisboa de 2000, que fija un objetivo del 3% para 2010. Aún nos encontramos bastante distanciados de ese objetivo.
De continuar teniendo en cuenta los objetivos marcados en el Acuerdo de Lisboa, otro factor que explica el excepcional crecimiento de la CAV es el aumento de la “población activa”. La idea es que cuanto mayor número de trabajadores haya, mayor será su contribución al PIB. En el año 2006, la tasa de población activa aumentó hasta el 74% y la tasa de desempleo se redujo hasta el 6,2%. Es cierto que había más gente empleada, pero no debemos olvidar que muchos trabajadores tenían contratos temporales de 30 días.
Distribución de la riqueza
La economía vasca ha crecido de forma continua en los últimos años, pero la distribución de la riqueza generada resulta problemática.
En la “época dorada” del capitalismo, entre los años 1945-1973, las economías occidentales conocieron un crecimiento económico sin precedentes y aplicaron un progresista sistema impositivo que corregía el incorrecto reparto de la riqueza del mercado. Los empresarios contaban con ingresos altos, que se redujeron a la mitad o menos mediante impuestos que servían para paliar la situación de los más humildes de forma indirecta. De esta forma, la riqueza podía llegar a todos los hogares, creándose un estado de bienestar general.
A medida que fue imponiéndose la teoría neoliberal también se difundió la teoría de “a cada uno lo suyo”, por lo que los poderosos se quedaban con todo lo conseguido y apenas compartían nada con el resto. Como consecuencia de esta actitud se observa un gran aumento de las diferencias económicas. Hace unos treinta años, por ejemplo, los ingresos de los dueños de grandes empresas eran 50-60 veces superiores a los de sus trabajadores. Actualmente esta cifra llega hasta 500.
Sin ir más lejos, es bien sabido que algunos directores de banco cobran más de 6-8 millones de euro anuales, mientras que los llamados “mileuristas” tienen unos ingresos de 12.000-14.000 euros por año, a pesar de contar con una buena formación. La existencia de sueldos 500-600 veces superiores a otros refleja que la teoría marginalista es incapaz de dar una explicación coherente a dichas diferencias. ¿Es tanta la diferencia entre la contribución marginal de un director al valor creado por el banco y la de un “mileurista”?
Estas diferencias en la distribución de la renta podrían implicar la destrucción de la cohesión existente en la sociedad. Por una parte tendremos la excepcional riqueza de unos pocos y por el otro los problemas para llegar a fin de mes de muchas familias. La ampliación de las hipotecas hasta 50 años convierte a algunas familias en siervos de los bancos. Como consecuencia, no se podrá mantener el nivel de consumo actual puesto que gran parte de los ingresos irá destinada directamente al banco. Sin mencionar que los beneficios de los bancos aumentan más y más cada año que pasa.
Es obvio que las diferencias económicas han aumentado en general, y Euskal Herria no es una excepción. Los impuestos sobre la renta tienen como objetivo paliar dichas diferencias, al menos en cierta medida, pero han perdido su grado de progresividad. Para corroborar este hecho, basta echar un vistazo a las tablas del IRPF o del Impuesto de Sociedades, que hace varios años se situaba en un 35%, descendió hasta el 32% y actualmente se encuentra en un 28%.
Aunque su definición sea un tanto espinosa, la “presión fiscal” es un modo útil de compararnos con nuestros países vecinos.
Tras aprobarse el Estatuto de Autonomía de la CAV, en 1981 entró en vigor el Concierto Económico y los cuatro territorios forales recuperaron su capacidad de recaudar impuestos directos e indirectos. En un principio, la “presión fiscal” en la CAV fue más alta que a nivel estatal. A continuación, en la década de los 90, esa “presión fiscal” se equiparó a la existente en el estado y en esta década se ha situado por debajo. Los impuestos directos se han aligerado, lo que implica una mayor dificultad a la hora de lograr una situación de equidad.
Dicha reducción impositiva recortaría también los ingresos de las arcas públicas si la actividad económica se redujera. Sin embargo, en los últimos años no ha sido así. Nos encontramos en un ciclo económico ascendente, por lo que, aunque paguemos menos impuestos, los ingresos públicos no se ven mermados. Pero ¿qué ocurrirá cuando entremos en recesión económica?
Otra característica del sur de Euskal Herria es el bajo gasto en protección social. Dicho gasto es de un 19,2% y un 17,5% del PIB en la CAV y en Navarra, respectivamente. La media de ambos permite alcanzar el nivel estatal del 19,7 %, pero aún está muy por debajo de la media de la UE-15, situada en un 28,3%, es decir, nueve puntos por encima. En Suecia este gasto alcanza el 33,5% del PIB.
Para lograr un mayor gasto público es necesaria una “presión fiscal” mayor, pero en este ámbito impera la doctrina neoliberal, según el cual unos impuestos elevados frenan la actividad económica. Los países escandinavos demuestran claramente que esto no es así, puesto que allí la “presión fiscal” es de un 50% del PIB (en la UE, este nivel es del 30%) y aún así logran un desarrollo económico excepcional, el estado de bienestar continúa vigente y las diferencias económicas entre la ciudadanía son bastante limitadas.
En general, el gasto público no se ha reducido, pero sí se ha visto limitado el gasto en protección social, lo que explica el deterioro sufrido por algunos servicios. Por ejemplo, la necesidad de servicios de Osakidetza no deja de aumentar, mientras que el gasto en la sanidad pública resulta insuficiente a la hora de garantizar la calidad del servicio; sólo la dedicación más intensiva de los profesionales de esta institución posibilita dicha calidad; pero eso tiene su límite. Como muestra del deterioro de los servicios sanitarios públicos, basta observar el poco tiempo dedicado por cada médico al paciente, o las largas esperas para someterse a operaciones quirúrgicas, la falta reconocida de pediatras y otros especialistas. El envejecimiento de la población agravará estos problemas si no se toman medidas rigurosas en breve plazo.
Retos
La innovación continua. Para lograrla, hay que prestar más atención a la formación de los alumnos, especialmente en la universidad. No basta con que los profesores e investigadores universitarios inflen sus currículos, sino que deberían dedicar más atención a sus alumnos, ya que ellos son los que deben ir adquiriendo conocimientos. A menudo, los intereses personales hacen que olvidemos este hecho.
A la hora de acometer importantes obras públicas, habría que impulsar la participación de la ciudadanía y, si hubiera distintas opiniones, debería convocarse un referéndum. De esta forma se democratizaría la economía. Es fácil afirmar que los euskaldunes somos gente madura y luego, a la hora de tomar decisiones, dejar de lado a la ciudadanía. No podemos aceptar sin más decisiones tomadas “desde arriba” relativas a proyectos que tendrán un efecto nocivo sobre nuestro entorno, ni siquiera si dichas decisiones vienen respaldadas por expertos en la materia, ya que todos sabemos al servicio de quién están los mismos.
Gracias a la innovación continua podemos mantener nuestro espacio en el ámbito competitivo exterior e incluso mejorarlo.
Además de desarrollar distintas fuentes de energía, hay que empezar desde la infancia a concienciar a la ciudadanía de que debemos reducir nuestro consumo. Las autoridades políticas realizan llamativas declaraciones respecto al cambio climático, pero luego continúan consumiendo igual.
Deben diseñarse políticas activas y eficaces para reducir el impacto negativo de la contaminación en la naturaleza. De este modo, todos nuestros pueblos y ciudades serán más atractivos. Cuanto más limpios estén los ríos de nuestros valles, más lugares de ocio dispondremos, lo que redundará en beneficio de nuestra economía.
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