Artetsu Saria 2005
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Buber Saria 2003
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Argia Saria 1999
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Ana Belén SANJURJO, Doctora en Historia Económica por la UPV/EHU
La trayectoria de la economía alavesa en la segunda mitad del siglo XIX no fue muy brillante. El agro, hecha excepción del viñedo riojano, se estancaba y la industria no acababa de despegar, pues existían una serie de obstáculos que limitaban el desarrollo industrial alavés: la escasez de materias primas y la falta de inversiones en mecanización.1 Los capitales alaveses se dirigieron en su mayoría a la especulación financiera e inversiones inmobiliarias. En 1850 se creó la Caja de Ahorros de Vitoria y en 1864 el Banco de Vitoria, una institución que canalizó la mayor parte de las inversiones hacia los sectores especulativos con preferencia a los productivos.2 Tendidas ya las líneas ferroviarias, los activos del banco se orientaron hacia los efectos públicos y la especulación en fincas urbanas principalmente en Vitoria.
El ayuntamiento vitoriano colaboró de una forma muy activa a la hora de garantizar la rentabilidad de estas inversiones. Cuando en 1865 se acometan las obras de ampliación de la ciudad para conectar el núcleo urbano con la recién estrenada estación de ferrocarril, la falta de un plan de urbanización facilitó que la mayor parte de los solares se consideraran urbanizables, sin fijar cuáles se destinarían a usos colectivos, allanando el camino para su adquisición. Además los propietarios se beneficiaron de las infraestructuras y nuevos servicios urbanos subvencionados por un ayuntamiento, para cuya financiación recurrió a la imposición indirecta, en especial a los derechos de puertas.3
La Diputación tampoco gravó estos capitales.4 Aun cuando desde finales de los años cincuenta del siglo XIX el gasto provincial creció sustancialmente, se optó por recurrir sobre todo a la deuda como mecanismo de financiación, ante la falta de voluntad de poner en marcha una reforma fiscal. De ahí que propietarios y rentistas obtuviesen un doble provecho: por un lado, un generoso interés en la colocación de capitales y por otro no ver gravadas sus fuentes de ingresos. Esa política acabó situando a la Hacienda alavesa al borde de la quiebra, pues a esa delicada situación se sumó el estallido de la Segunda Guerra Carlista.
Ventanillas en los locales de la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria en el año 1929.
La nota de la política presupuestaria alavesa desde los años cuarenta hasta finales de los años cincuenta del siglo XIX fue el equilibrio. Durante este periodo, excepción hecha del sostenimiento del culto y clero parroquial, las aportaciones vascas al erario estatal fueron escasas y aleatorias, revistiendo siempre la forma de donativo. Esta realidad redundó en el estatismo de la Hacienda alavesa en el plano fiscal. Aunque en los años cuarenta se colaboró con dos donativos, uno en 1842 y otro en 1848, su escasa cuantía (276.000 reales) explica su nulo impacto sobre el curso financiero de la Diputación.
El compromiso con el Ferrocarril del Norte en 1858 rompió el equilibrio presupuestario. La Diputación firmó un contrato con la sociedad ferroviaria por el que se obligaba a aportar ocho millones de reales en cuatro anualidades. A cambio, esta sociedad entregaría obligaciones especiales con un interés del 6% canjeables en acciones liberadas a la par. Al mismo tiempo, se incrementaron las inversiones en la construcción y conservación de caminos para facilitar las conexiones con el mercado de la capital y, a través de la línea ferroviaria Madrid-Irún, con el guipuzcoano.
A esta carga se sumó el donativo de algo más de cuatro millones de reales entregado al Estado en 1859 con motivo de la guerra en Marruecos: uno entregado en metálico, los otros tres gastados en armamento. Este gasto se financió mediante un empréstito de 3.400.000 reales al 5%; el resto mediante el giro de una contribución extraordinaria sobre la propiedad y un recargo sobre la Hoja de Hermandad.
El monto de la deuda siguió creciendo. Por acuerdo de 21 de diciembre de 1861 se emitía un nuevo empréstito de 6 millones de reales (otra vez al 5%), que tenía como principal cometido financiar la carretera de Navarra por Salvatierra, pero también sufragar atenciones diversas, entre las que cobra especial importancia el pago de intereses y amortizaciones de la deuda provincial.
Posteriormente se frenó el ritmo inversor de la Diputación, pero ello no fue suficiente para reducir el déficit. Detrás del desequilibrio se encuentra la caída del ingreso por peajes tras la apertura de la línea de ferrocarril Madrid-Irún y la rigidez mostrada por los otros impuestos indirectos, amén de nuevos compromisos con el Estado. En 1869 las provincias vascas debieron participar en la suscripción de deuda a favor del Gobierno, en la que Álava aportó 471.729 de reales. Ese mismo año también se sufragaron los pertrechos de tercios alaveses destinados en Cuba, que supusieron un desembolso de 496.996 reales. En suma, debieron reunirse 968.725 reales para financiar gastos ajenos a la provincia (algo más del 25% de los recursos ordinarios de ese año).
Todo ello se volvió en contra de los objetivos fijados por las autoridades provinciales, pues la escalada en el proceso de endeudamiento estaba contribuyendo a la realimentación del déficit. Para evitar el desajuste se proyectaron algunas reformas. Por un lado, se trató de mejorar el ingreso con el refuerzo de los arbitrios sobre el vino y el tabaco. Por otro, se procedió a la consolidación de la deuda provincial. Acordada en 1868, ésta se hizo efectiva en 1869, aunque no fue acompañada de una reducción del valor nominal de los títulos o de su tipo de interés.
Con todo, los cambios en el sistema monetario y la inestabilidad política y económica aconsejarían a los inversores “deshacerse” de sus títulos, máxime cuando el Gobierno estaba exigiendo a esta Provincia el impuesto del 5% sobre los intereses de la deuda y la Diputación estaba incumpliendo los plazos marcados para la amortización de los préstamos. Desde 1869 hasta 1871 inclusive se consignan cifras importantes para amortizar capitales, que responden en lo fundamental a las peticiones de los tenedores de los títulos. Para negociar con la banca, la Diputación contó con el consejo e influencia de Estanislao de Urquijo (comisionado a Cortes y Diputado General, nombrado en 1867 Padre de la Provincia).
En 1850 se creó la Caja de Ahorros de Vitoria y en 1864 el Banco de Vitoria, una institución que canalizó la mayor parte de las inversiones hacia los sectores especulativos con preferencia a los productivos.
Tras el arreglo de la deuda, el gasto económico recuperó cierto peso. En la comarca de la Rioja alavesa se construyeron nuevos caminos para mejorar los enlaces con la línea ferroviaria y dar salida a sus vinos en un momento en que la demanda francesa se había disparado a causa de la filoxera.
El estallido de la Segunda Guerra Carlista en abril de 1872 supuso que desde ese momento el gasto militar ocupase la primacía dentro del presupuesto provincial. Este gasto súbito y crecido vino a agravar una situación ya de por sí preocupante, pues los ejercicios previos al estallido del conflicto se estaban saldando con déficit (en 1871 del 41%). En esas circunstancias se hizo del todo imposible sacar adelante las reformas proyectadas para sanear la Hacienda, en concreto una nueva conversión de la deuda flotante, al no disponerse de líquido en caja con el que hacer frente a los primeros reintegros, que los técnicos estimaban alcanzarían la no despreciable cifra del millón o millón y medio de reales.
La guerra se traducía en una escalada del gasto militar y en más endeudamiento. A esta crítica situación coadyuvó el hecho de que la Diputación se viera obligada a aceptar unas condiciones onerosas en la negociación de los créditos, ya que no se acudió al llamamiento de una Diputación, que, acuciada por las muchas dificultades, estaba dispuesta a aceptar unos altos tipos de interés y plazos de amortización cortos. Abandonada por las elites provinciales, antes bien dispuestas a la colocación de sus capitales, debió recurrir al concurso de instituciones bancarias que supieron sacar provecho de la posición de debilidad de la Provincia.
Este comportamiento de los prestamistas es comprensible, porque, entre otras cosas, el resultado de la guerra podía determinar el fin de las instituciones forales tal y como se habían conocido. Y en ese caso, siendo el Estado tan mal pagador, ¿quién se responsabilizaría del compromiso contraído? Hay que recordar que en la Primera Guerra Carlista el Estado reconoció un crédito de casi un millón de reales por suministros y éste nunca fue satisfecho.
No fue esta la actitud de la Hacienda alavesa, que estaba recurriendo a nuevos créditos para pagar el gasto militar, pero, sobre todo, para saldar la deuda más antigua. De hecho, en 1877 el volumen de la deuda antigua (consolidada y flotante), que en 1868 era de casi 23.000.000 de reales, se redujo a 14.893.716 reales. Y es que, en caso de que las Diputaciones forales vascas fueran niveladas con las de régimen común, el Estado debería hacerse cargo de la deuda contraída con motivo de la guerra, pero nada indicaba que se responsabilizaría de la asumida en el periodo anterior. La voluntad de proteger los intereses de las elites provinciales, prestamistas en otras ocasiones a título personal, junto al recelo que el Estado suscitaba, explican esa política de endeudamiento. Y no andaban equivocados. En 1876 el Ministro de Hacienda Salaverría recurrió al repudio parcial de la deuda para disminuir la carga. Por otro lado, la Banca tendría más capacidad de presión, máxime teniendo en cuenta los fuertes vínculos que ligaban a algunos de estos prestamistas con la Monarquía, entre otros los de los Urquijo.
Las liquidaciones de esos últimos años hablan por sí mismos de los intereses que guiaban las actuaciones institucionales: ser garantes de los rentistas. Mientras las inversiones económicas y sociales sufrían una fuerte caída, tanto en términos relativos como absolutos, la deuda absorbía casi las tres cuartas partes del presupuesto provincial.
Como hemos visto, la tendencia presupuestaria cambia en 1858 a causa del compromiso foral en la subvención del ferrocarril y en 1859 por la aportación del donativo para financiar la guerra de Marruecos. Para financiar esos gastos se recurrió a la deuda; tan sólo una pequeña parte se cubrió con una contribución extraordinaria sobre la propiedad y un pequeño reparto fogueral, vigentes durante cuatro años.
No obstante, el volumen presupuestario había crecido y eran precisos cambios fiscales. Al expirar la vigencia de la contribución extraordinaria se dispuso el aumento de la Hoja de Hermandad (vieja derrama vecinal, que no distaba de ser una simple capitación personal), de acuerdo a los datos del censo de 1857 y fijando el mensual en 4,5 reales. Con todo, no se elevó la presión impositiva directa global, porque al mismo tiempo se rebaja la carga de culto y clero; carga soportada por los municipios y que fundamentalmente gravaba el producto agrario.
Aunque se planteó distribuir la carga conforme a una estadística de la riqueza, que habría removido los cimientos de la estructura tributaria provincial, se optó por diferir el incremento de la presión mediante el endeudamiento.
A partir de 1865 el déficit se agrandó debido a la caída del ingreso por peajes tras la puesta en funcionamiento del ferrocarril y la rigidez de los impuestos indirectos (vino y licores, tabaco y sal), por hallarse encabezados (salvo en Vitoria) y por el estancamiento demográfico provincial. A la postre, la política de endeudamiento contribuyó a que la mayor parte del ingreso ordinario se destinase al pago de intereses y amortizaciones, limitando el potencial inversor de la Diputación, pero, sobre todo, erigiéndose en causa de la realimentación del déficit.
Detrás del desequilibrio se encuentra la caída del ingreso por peajes tras la apertura de la línea de ferrocarril Madrid-Irún y la rigidez mostrada por los otros impuestos indirectos, amén de nuevos compromisos con el Estado.
Las elites provinciales lograban un doble provecho: por un lado, sus propiedades apenas se veían gravadas y, por otro, obtenían un interés en la colocación de capitales a través de la deuda provincial. Las emisiones continuadas y a un tipo de interés generoso fueron un medio para invertir unos capitales que, a falta de otras inversiones lucrativas, hallaron en ellas cómodo y seguro destino.
No será hasta 1871 cuando se dicten normas para la realización de una estadística provincial que en vísperas de la guerra todavía no había sido ultimada debido a los numerosos casos de obstrucción.
El estallido de la guerra civil deterioró aún más si cabe el ingreso ordinario. La caída del ingreso indirecto y la pérdida del control sobre circunscripciones enteras en manos de los sublevados forzaron la toma de medidas extraordinarias, como el nuevo giro de una contribución sobre la propiedad y la solicitud de créditos, cuya negociación estaba resultando ser más ardua de lo previsto. Pocos fueron los que suscribieron el empréstito acordado con la promesa de amortizarlo en tres años y tan sólo lograron la mitad de los tres millones solicitados. Por eso también se intentó una operación de crédito fuera de la Provincia bajo la garantía de las 1.000 acciones del ferrocarril del Norte.
Ante las dificultades descritas, se trató de elevar la recaudación de las figuras ya existentes. En la Hoja de Hermandad elevaron el tipo de 4,5 a 5 reales mensuales por pagador. Pero lo que mereció más atención fueron los medios con los que poder elevar el ingreso de los impuestos indirectos. El primer punto fue la mejora del ingreso de la sal. La Diputación venía beneficiándose de 11 reales en cada fanega de sal, y ahora proponían un sistema nuevo: un impuesto anual sobre la sal de 4 reales por vecino o pagador, sin perjuicio de su expendición en el almacén provincial. Los ayuntamientos deberían encargarse de su recaudación e ingresar el producto en Tesorería trimestralmente. En el ramo de sisas provinciales sobre el vino y licores se proponían importantes modificaciones, ante la inconveniencia o imposibilidad de su administración directa. Se rectificaron los encabezamientos basándose en un criterio demográfico a partir del censo oficial de 1860, y sin perjuicio, una vez más, de conservar la administración directa en los puntos ya establecidos, al tiempo que el impuesto sobre el chacolí se elevaba de 1 a 2 reales. En cuanto al tabaco, los problemas venían de años atrás, siendo su causa el contrabando que desde Castilla inundaba los mercados vascos debido al diferencial de tarifas. La elevación de tarifas se tradujo, al contrario de lo que se esperaba, en un descenso en la recaudación, lo que condujo a un nuevo replanteamiento en la fijación de tipos. A partir del uno de enero de 1872 entraría en vigor una nueva escala. Aun así continuaba entrando tabaco de Castilla, por lo que las tres Diputaciones vascas se plantearon la conveniencia de unificar tarifas, deseo que no llegó a materializarse.
El ingreso siguió sin cubrir las obligaciones pendientes y por ello se aprobó una contribución sobre la riqueza en 1873. Para fijar el encabezamiento con los ayuntamientos utilizaron la estadística de 1859, aumentando la riqueza imponible en un 25%. Aun así, calcularon que la recaudación sólo alcanzaría unos 232.500 reales, lejos de los 455.000 reales recaudados en 1859 por inmuebles y los 90.000 por industria y comercio. No en vano, en un contexto de guerra no era factible verificar la recaudación en todos los pueblos. Finalmente, ante las dificultades para su cobro, se optó por un empréstito forzoso con interés de un 6%, como anticipo a cuenta con interés de las cuotas correspondientes a dicha contribución.
A nivel municipal se estableció que la distribución de la cuota de este impuesto se realizase con arreglo a estadística en los casos en que estuviese bien formada y aprobada por la Diputación; en su defecto, por medio de repartos clasificados, reguladas prudencialmente las diferentes fuentes de riqueza.
Todos estos expedientes fueron vanos. Las cuentas de los ejercicios de 1873-1876 reflejan que la media del ingreso total fue de 7.279.022 reales, mientras que los recursos ordinarios sólo alcanzaron 2.233.297 reales, diferencia que fue cubierta mediante el recurso al préstamo: 5.045.725 reales de media durante esos ejercicios. Cierto es que esa situación vino condicionada por la guerra, pero también lo es que las dificultades de recabar ingresos venían de lejos, pues no existió una voluntad firme de sacar adelante una reforma fiscal.
Bibliografía citada:
AGIRREAZKUENAGA, J. y ORTIZ DE ORRUñO, J.M. (1988): “Las Haciendas forales en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya entre 1800 y 1878”, Ekonomiaz, núm. 9-10, pp. 69-92.
BILBAO, L.M. (1994): “La economía de la provincia de Álava en la etapa foral, 1458-1876”, en Actas de las Juntas Generales de Álava, Vitoria, Diputación Foral de Álava, vol. IX, pp. 16-161.
FERNÁNDEZ DE PINEDO, E. (1989): “Estudio introductorio”, en MADOZ, P. (1847/1989), Diccionario geográfico-estadístico-histórico. Álava-Araba, Vitoria, Edición facsímil de los datos provinciales del diccionario de Madoz de 1847, Valladolid, ámbito, pp. 10-23.
HOMOBONO, I. (1980): “Estancamiento y atraso de la economía alavesa en el siglo XIX”, Boletín de la Institución “Sancho el Sabio”, vol. XXIV, pp. 235-331.
ORTIZ DE ORRUñO, J.M. (2000): “Fundación y primeros años de la Caja Municipal (1850-1876)”, en Caja de Ahorros de Vitoria y álava. 150 años en la Historia de álava (1850-2000), Vitoria, Fundación Caja Vital, pp. 55-93.
1 Fernández de Pinedo (1989) y Bilbao (1994).
2 Ortiz de Orruño, J.M. (2002).
3 Homobono (1980: 302, 308 y 309).
4 Ortiz de Orruño (1988) ya habló de esta cuestión en un artículo sobre las Haciendas forales vascas entre 1800 y 1876, pero mi propósito es hacer hincapié sobre este tema, abordando los años sesenta y setenta del siglo XIX, cuando se muestran en toda su amplitud los efectos de esa política.
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