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Iker BARBERO, profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea
El día 20 de enero de 2001, sábado, cerca de 400 inmigrantes se encerraron en la iglesia de Santa María del Pi de Barcelona. Eran inmigrantes en situación legal o documental irregular, o como ellos mismos se consideraban, sinpapeles. Por eso mismo, portaban una reivindicación básica —“¡Papeles para todos!”— pero fundamental ya que en los días previos se había generado una situación crítica para todo extranjero que no poseyera su documentación en regla.1
En primer lugar, el mensaje que tanto gobernantes como medios de comunicación mandaban en torno a la inminente Ley Orgánica 8/2000, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que entraría en vigor el 23 de enero, generó una profunda alarma social puesto que posibilitaba, entre otras prácticas administrativo-policiales, la expulsión de aquellas personas que se encontraran simplemente situación irregular. A demás, a pesar de las regularizaciones promovidas por el gobierno, la tasa de irregularidad aún era importante, especialmente en algunas zonas como Barcelona donde además las denegaciones en el proceso de regularización del 2000 rondaban un desproporcionado 70%. En último lugar, el accidente en el que murieron 12 trabajadores ecuatorianos en Lorca, Murcia, cuando se dirigían al campo en el que trabajaban de manera clandestina además de sacar a la palestra la precariedad laboral de miles de inmigrantes en el sector agrícola español, generó una serie de protestas y movilizaciones que recibieron su eco en el resto del Estado. En definitiva, la presión legal y social sobre los inmigrantes sin permiso de estancia, residencia o trabajo era tal, que consideraron que había que tomar acciones más contundentes que las que venían realizando hasta ese momento.
Durante 47 días, de los cuales una quincena se produjo en ayuno, casi un millar de inmigrantes procedentes de Marruecos, India, Bangladesh, Pakistán o África negra, permanecieron encerrados en 11 iglesias del Área Metropolitana de Barcelona. En ese tiempo, ya que las circunstancias obligaron a organizarse tanto internamente como externamente, el encierro adquirió un importante grado de complejidad.
Cada iglesia contaba con su propia asamblea cuyos representantes trasladaban su posición a la Asamblea general del Pi donde se tomaron las decisiones más relevantes de la protesta; y además, las distintas comisiones (propaganda, intendencia, sanidad, traducciones, negociaciones, etc.) crearon todo un sistema organizativo necesario para sostener las dimensiones de la protesta.
Foto: CC BY - carlos capote.
Al mismo tiempo, las grandes manifestaciones, entre las que destaca la de 4 de febrero a la que asistieron más de 50.000 personas bajo el lema “Por el reconocimiento de los derechos y la dignidad de los inmigrantes”; así como toda una constelación de organizaciones sociales, políticas, eclesiales o vecinales barcelonesas, estatales o internacionales, fueron también decisivas para la resistencia en circunstancias límites dentro de las iglesias.
Finalmente, tras largas negociaciones con el Estado, se logró lo que se ha denominado el “Acuerdo de Barcelona de 8 de marzo”, un acuerdo por el cual la delegación del gobierno del PP se comprometía a regularizar a toda aquella persona que alegara estancia en el territorio desde 23 de enero de 2001 (contradiciendo o modificando lo marcado en la normativa de extranjería) y circunstancias excepcionales o razones humanitarias, cláusulas recogidas marginalmente en la Ley 8/2000. Un acuerdo que prácticamente recogía la demanda “papeles para todos” pero aún faltaba camino para recorrer.
Con el paso del tiempo, este acuerdo no sólo se extendió a otros encierros dispersos por el territorio español, como Murcia, valencia, Madrid o Andalucía, donde otros inmigrantes también habían luchado por sus derechos, sino que el Gobierno se vio obligado a aplicarlo de forma generalizada a todas las personas que se encontraran en situación irregular en el Estado a través de una regularización extraordinaria en junio del 2001. Como dijo el entonces ministro de interior, Mariano Rajoy, se iban a aplicar las mismas premisas que se recogían en los acuerdos alcanzados en Barcelona y en el arco mediterráneo, es decir aquellos acuerdos logrados por los Sinpapeles.
El hecho al que refiere este breve resumen, a pesar de su perspectiva histórica, es de gran relevancia en la actualidad, no sólo como un episodio más en el estudio de lo que podría denominarse las migraciones internacionales, sino también en la Sociología jurídica como disciplina que se ocupa de la relación entre Derecho y Sociedad. Los medios, los objetivos, los testimonios, los discursos o las consecuencias sociales y jurídicas estuvieron encaminadas, voluntaria o involuntariamente, a la consecución de una nueva relación jurídica y política entre el Estado, el Derecho y la población inmigrante. Por medio de su análisis es posible observar cómo una ley, la de extranjería, provocó una serie de reacciones, pero también cómo un grupo social situado en los márgenes del Derecho logró incidir en la producción normativa de manera puntual, pero trascendente, en materia de extranjería. En definitiva, cómo se caminó hacia un nuevo modelo de ciudadanía y de justicia.
Publicaciones más relevantes:
- Iker Barbero (2006) “The Social Participation of Immigrants. A Key Ingredient in the Intercultural Management of Cultural Diversity” en Edmud Chia y James Heising (Editores) A Longing for Peace. The Challenge of a multicultural, multireligious world. Bilbao: Wipf and Stock Publishers-Haretxa.
- Cristina Blanco e Iker Barbero (Editores) (2009) Pautas de asentamiento de la población inmigrante: implicaciones y retos socio- jurídicos. Madrid: Dykinson
- Iker Barbero y Libardo Ariza (2010) “Ciudadanía más allá del Estado nación: pertenencia y derechos en un mundo global”. Ciudadanía sin Nación. Bogotá: Siglo del Hombre.
- Iker Barbero (2010) “El control selectivo de las fronteras y la transnacionalización de sus resistencias”. Arbor, revista de Ciencia, Pensamiento y Cultura. Nº 744 (en prensa).
1 Este texto es un breve resumen de la tesis doctoral europea “Hacia nuevos modelos de ciudadanía: un análisis socio-jurídico del movimiento sinpapeles”, dirigida por Javier de Lucas (Universidad de Valencia) y Cristina Blanco (Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea) y defendida el 26 de marzo de 2010 en la Facultad de Derecho de la UPV-EHU.
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