Macarena LARREA BASTERRA, Investigadora de la Cátedra de Energía de Orkestra-IVC. Universidad de Deusto
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término energía tiene dos acepciones. La primera es “eficacia, poder, virtud para obrar” y la segunda “capacidad para realizar un trabajo”. Si bien la segunda es la que tiende a aplicarse a la energía sobre la que versa este artículo, no se puede obviar que la primera muestra claramente la importancia que esta tiene en nuestra sociedad.
Por un lado, como factor de competitividad tanto como recurso productivo, como por su efecto tractor sobre la actividad industrial, a la que plantea retos tecnológicos y empresariales. Por otro lado, por ser un elemento de bienestar social.
La globalización ha hecho que las economías estén más interrelación y por ello, se vean influenciadas por un mayor número de elementos, siendo esto especialmente cierto en la energía, donde de manera habitual, se producen cambios en el entorno (internacional, nacional, regional y local) que repercuten sobre esta.
Entre estos elementos se encuentran la política energética y la regulación y otros sobre los que no se entra en este artículo como la geopolítica de la energía (con repercusión en los precios de esta y en la seguridad de suministro), la tecnología y la velocidad a la que evoluciona (digitalización y automatización de las instalaciones, entre otros).
La política energética y la regulación, que varían a lo largo del tiempo, buscan solucionar problemas y orientar el futuro del sector. En la actualidad, las políticas energéticas de España y del País Vasco están estrechamente relacionadas con la comunitaria.
En este sentido, en noviembre de 2016, la Comisión Europea presentó una propuesta de medidas bajo el nombre de “Energía limpia para todos los europeos” (Paquete de Invierno) orientada a alcanzar los objetivos climáticos europeos a 2030, manteniendo la seguridad de suministro y la competitividad de la energía. Los principales objetivos a 2030 se refieren a la reducción del consumo de energía, al aumento de la contribución de las energías renovables (RES) y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
El Gobierno Vasco, debido al peso que la energía tiene en la economía del territorio, desde el inicio de sus funciones le ha prestado especial atención. Muestra de ello son las sucesivas estrategias energéticas, que han mantenido una continuidad y seguimiento en el tiempo, la última de las cuales es la Estrategia Energética de Euskadi 3E-2030.
El objetivo último de esta es garantizar que con un elevado consumo energético y escasos recursos naturales, se disponga de energía suficiente en cantidad, calidad y tiempo, a un coste competitivo y de forma medioambientalmente sostenible. ¡Casi nada! Para ello ha propuesto una serie de metas, en sintonía con los planteamientos comunitarios, que plantean importantes retos a los diferentes agentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).
Así, se debe reducir el consumo energético en un 17% respecto al escenario tendencial. Se trata de un reto ambicioso teniendo en cuenta que la CAPV cuenta con una industria intensiva en energía (principalmente electricidad y gas), en comparación con otros países y territorios, cuyo peso en la economía no debería reducirse. En este sentido, las principales medidas han ido en busca de una mejora de la eficiencia energética, en especial en determinados subsectores (como cemento, papel y siderurgia), aunque será necesario continuar con estos esfuerzos.
Se plantea como objetivo lograr que un 21% de la energía consumida en la CAPV tenga origen renovable y que la cogeneración y las RES en electricidad supongan el 40% en 2030.
A pesar de lo anterior, la estrategia no puede desdeñar el consumo de los sectores residencial y terciario, donde el problema se encuentra en la existencia de multitud de pequeños puntos de consumo, lo que complejiza la implementación de medidas, de eficiencia energética y donde entre las tendencias que se observan, se encuentran emplear renovables en calefacción y refrigeración o el desarrollo del district heating.
En línea con estas tendencias, el siguiente objetivo plantea lograr que un 21% de la energía consumida en la CAPV tenga origen renovable y que la cogeneración y las RES en electricidad supongan el 40% en 2030. Teniendo en cuenta la oposición social a “grandes instalaciones energéticas” (como parques de aerogeneradores), las oportunidades se podrían encontrar en las renovables que se pueden integrar en edificios (solar fotovoltaica, termosolar, biomasa o geotermia, por ejemplo), lo que resulta más sencillo en nueva edificación. Sin embargo, la traslación de este objetivo será difícil de cumplir a nivel autonómico, si bien a nivel de España parece que al menos a 2020 podrán cumplirse los objetivos establecidos.
Otro objetivo es contribuir a la mitigación del cambio climático mediante la reducción de 3 Mt de CO2, en sintonía con la adhesión del Gobierno Vasco a la Conferencia de las Partes de París de 2015. Desde el año 2000, las emisiones de GEI se han reducido de manera considerable, debido fundamentalmente al cierre de las centrales térmicas convencionales (fueloil y carbón), y en los últimos años al menor uso de los ciclos combinados. Es de esperar que la consecución de los compromisos anteriores en eficiencia energética y en RES facilite el cumplimiento de este objetivo.
Teniendo en cuenta que en la actualidad el transporte es el principal consumidor de derivados del petróleo, es necesario avanzar hacia una desvinculación del transporte de esta fuente energética (ya que otro de los objetivos es lograr una reducción del consumo de petróleo del 26%), e ir incorporando vehículos de energías alternativas (e.g. gasificación y electrificación del transporte, con énfasis en el vehículo eléctrico).
Sin embargo, esto no es sencillo debido a la complejidad del sector, donde se mezclan dimensiones como la propiedad (público-privado), lo que se transporta (personas o mercancías), el medio (tierra-mar-aire), así como aspectos económicos relevantes, que requerirán, en ocasiones, de un avance tecnológico que permita reducir costes.
Garantizar un suministro asequible a la vez que sostenible resulta también esencial. Por ello es necesario que electricidad y gas mejoren sus costes para poder ofrecer el mejor precio, en especial, por su repercusión sobre la competitividad de la economía vasca. En el caso de la electricidad el diseño de la factura en general y de los peajes de acceso, en particular, resultan muy relevantes.
Finalmente, y no por ello menos importante podría señalarse la necesidad de lograr una adecuada coordinación e interacción entre política energética e industrial tal y como se está planteando, por ejemplo en Alemania, donde la transición energética hacia una economía baja en carbono, supone la reorientación de la política económica, industrial y tecnológica para fomentar y consolidar el liderazgo tecnológico en energía y generar crecimiento económico. La pregunta es si la CAPV será capaz de sumarse a esta tendencia a tiempo y aprovecharla. Potenciar la competitividad de la red de empresas y agentes científico-tecnológicos vascos del sector energético, impulsando nueve áreas prioritarias de investigación, desarrollo tecnológico, ingenieril e industrial, se encontraría alineado con este objetivo.
Con todo, los retos energéticos y medioambientales a que se enfrenta el sector representan una oportunidad de crecimiento para los sectores empresariales vascos, a través de la innovación tecnológica, la cooperación inter-empresarial y la identificación de nuevas oportunidades de negocio; así como una necesidad para sobrevivir en un entorno globalizado y competitivo, lo que pone de manifiesto el valor de la energía como elemento tractor de la industria.
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