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Artetsu Saria 2005
Arbaso Elkarteak Eusko Ikaskuntzari 2005eko Artetsu sarietako bat eman dio Euskonewseko Artisautza atalarengatik
Buber Saria 2003
On line komunikabide onenari Buber Saria 2003. Euskonews y Media
Argia Saria 1999
Astekari elektronikoari Merezimenduzko Saria
Las últimas muertes por violencia de género han sido tristemente protagonizadas por mujeres con medidas de protección que han resultado inútiles, una realidad que debería revisarse con la intención de incrementar en lo posible su eficacia futura.
Mientras estas líneas van tomando forma, dos mujeres son asesinadas por sus parejas y dos hombres fallecen tras sufrir el ataque de sus compañeras. Un cruce de agresiones que sitúa a las claras y con toda su crudeza la realidad de la violencia en la convivencia de ambas sexos.
Los medios de comunicación hablan de violencia de género habituados a cierta cotidianeidad envenenada, que rebaja el nivel de crítica hacia el fenómeno y que desgrana posos de costumbre que, en todos los casos, contaminan un raciocinio normalizado.
El hecho de que el goteo de muertes por apuñalamiento, estrangulamiento u otros métodos más o menos truculentos ocupe su parcela en los informativos de radio, televisión y en las páginas de los diarios, con más o menos extensión dependiendo de la crueldad de la presión informativa, no debe hacer olvidar, en este caso al lector, que el fenómeno de la violencia machista tienes cifras escalofriantes. Desde el año 2003 más de 430 mujeres han sido asesinadas en el Estado en otras tantas circunstancias indescriptibles. En lo que llevamos de año ya son 21, y dos en Euskadi.
Foto: Mr. Negative.
Con el paso de los año, todos los gobiernos autonómicos has puesto en marcha decenas de iniciativas que implican en el trabajo diario a colectivos y profesionales cada vez más amplios, entre los que destacan la judicatura, los distintos cuerpos policiales, muchos organismos de claro tinte social y destacadas asociaciones de ámbito privado en las que sobresalen con voz propia todos los colectivos de mujeres que intentan, con mayor o menos éxito y con impagable constancia, alzar la voz en contra de esta lacra. Una tela de araña tejida con el ámbito de implicar en esta lucha al mayor número de personas cualificadas y capaces de aportar un punto de vista válido y eficaz a la hora de enriquecer a la sociedad con nuevas leyes, actuaciones transversales, foros de debate etc.
Sin embargo, además de reforzar a diario lo que funciona es obligado denunciar lo que no funciona. Porque la realidad más cercana en fechas nos aporta ese dato que avergüenza. Porque dos de las últimas mujeres asesinadas brutalmente por sus parejas en las últimas semanas disfrutaban (un eufemismo lícito en este caso) de medidas de protección dictadas por un juez y, se supone, supervisadas por algún cuerpo policial. Órdenes de alejamiento, e incluso, teléfonos móviles conectados a una centralita que, en teoría, tramita la llamada de socorro en un tiempo tan reducido que debería permitir asistir a la víctima antes del fatal accidente.
Aquí no se refleja la teoría de lo que debiera ser lo correcto. Se aporta una simple y cruel realidad. Uno, la orden de alejamiento por la que el denunciado, varón, no puede acercarse a su pareja femenina a menos de 500 metros no funciona. El segundo caso, en el que la denunciante dispone de un teléfono móvil con el que preservar su seguridad a través de una llamada, se supone que preventiva, tampoco funciona.
Los datos del Ministerio de Igualdad son rotundos en este sentido. El 38 % de las mujeres asesinadas hasta el pasado viernes habían solicitado medidas de protección. Sólo cuatro de las ocho que tramitaron la petición la obtuvieron. A esta cifra hay que sumar que tres de los individuos denunciados quebrantaron las medidas de protección “con el consentimiento” de la víctima y otro lo hizo por propia voluntad y sin pactarlo con la agredida.
La teoría del miedo, tanto para denunciar a la ex pareja que te acosa como para abandonar la vivienda en la que se comparte una vida, funciona en todos los casos en los que hay una agresión machista. El miedo se suma a factores como el económico y el de la fuerza física, tal vez este último, el más definitorio cuando una relación se rompe a golpes. Porque el varón es más fuerte y siempre gana.
Si intentamos incorporar a la mezcla un poco de optimismo, nos fijamos en el Ayuntamiento de Irun, que ya ha decidido por amplia mayoría conceder una medalla a Juan Pablo Urtizberea, ese vecino que intentó ayudar a la joven Yazmín antes de que fuera asesinada de forma brutal, como lo hizo en su momento el archiconocido Jesús Neira, al que la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, concedió la Gran Cruz del Mérito Civil a principios de mayo. Mientras la estadística de mujeres asesinadas se incrementa, persisten los mensajes en positivo hacia una sociedad todavía dolorosamente insensibilizada: hay que ayudar en todas y cada una de las circunstancias en las que la vida de una mujer esté en peligro.
Sin embargo, la voluntad individual en ningún caso puede sustituir a un entramado de seguridad personal dictado por un juez y respaldado por la autoridad policial pertinente. Si las medidas coercitivas que buscan evitar una muerte no funcionan, las autoridades deberían replantearse su eficacia final.
La lucha contra la violencia de género debe desarrollarse desde la transversalidad ministerial en España y la interdepartamental en Euskadi. Sí. Pero con un presupuesto claro, ambicioso y atrevido. Atrevido en el sentido de especificar todas y cada una de las acciones que deberían ser contempladas si se quiere evitar una sola muerte. En este empeño no deben quedar grietas por las que se escape la eficacia. Es necesaria una visión global en la que la implicación determinante de todos los responsables públicos dote de la masa muscular suficiente al empeño diario en contra de la violencia machista.
Desde que una mujer interpone una denuncia en el juzgado de guardia se activan todos los mecanismos de prevención. Ahora bien. Si el juzgado dicta una orden de alejamiento, ésta debe ser supervisada. Si se le asigna protección privada, ésta debe ser eficaz. Y aquí es donde entra, en el caso vasco, la dedicación y profesionalidad de la Ertzaina. Un cuerpo que, según las intenciones expresadas por Rodolfo Ares, va a volcarse en la prevención y persecución de este tipo de delito mediante la creación de un departamento específico.
La sociedad vasca espera que esta idea fructifique pero siempre desde la más exigente profesionalidad, que llegará sólo si se combina el presupuesto antes mencionado, la formación adecuada para que la atención a la víctima tenga el nivel mínimo que se le exige y la participación de profesionales comprometidos. Sin duda, esta combinación y muchas horas de trabajo elevarán el nivel de protección de las víctimas, único y principal objetivo a futuro.
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